El año político está teniendo un cierre tan desastroso que las tertulias navideñas se han contaminado de desaliento. Existen, por supuesto, motivos para animarse.
Hace días compartí podio con Denise Dresser. Analizamos la política mexicana y nos salió una visión pesimista porque, reconozcámoslo, la impunidad y sus acólitos obtuvieron grandes victorias en 2007: los mineros de Pasta de Conchos, Atenco, la muerte de Ernestina Ascensio, el cinismo de Fox, el desparpajo del Ulises oaxaqueño, la exoneración de Luis Echeverría, los atentados del EPR, los monopolios desenfrenados y el caos de una capital desquiciada por el tráfico y las obras viales que cada diciembre se multiplican para terminar de gastarse los presupuestos.
Al terminar la sesión percibí un ambiente que me recordó al vivido en algunos sermones de Viernes Santo en mi natal Jalisco. De noche en noche se me aparece aquel predicador vestido de negro que acusaba, con índice flamígero, a una bola de chiquillos lagañosos y asustados de haber reeditado, con nuestros pecados, la crucifixión de Cristo.
Poco después coincidí con uno de los asistentes. Le pregunté su opinión sobre las presentaciones y me respondió con un cauteloso: “Buen análisis, pero se hubiera enriquecido con la inclusión de algunas cosas positivas”. Revisé las encuestas de opinión y confirmé lo generalizado del pesimismo frente a la política. Las mayorías seguimos creyendo que la democracia es el mejor sistema de Gobierno, pero estamos bien insatisfechas con la forma en que funciona. El desprecio por el Congreso, la burocracia y los partidos es tan profundo como grande es el déficit en la participación social. La población se atrinchera en la vida privada; la política despierta flojera, rechazo, hartazgo.
Aunque nuestra presentación expresaba los humores sociales busqué en 2007 aquellos hechos que hubieran contribuido a que la democracia funcione en beneficio de las mayorías. Encontré tres motivos para la celebración en grande: el fallo de la Suprema Corte regresando al Congreso la Ley Televisa porque algunas de sus partes eran anticonstitucionales; una reforma electoral que corrige fallas estructurales detectadas en la elección de 2006; y los beneficios cosechados cada día por el trabajo del Instituto Federal de Acceso a la Información.
Los tres avances tienen como rasgo común la participación activa y organizada de aquellos que, en la defensa de algún derecho, se involucraron en alguna causa e hicieron propuestas, cabildearon, presentaron demandas judiciales, etcétera. Si uno compara 2007 con 1987 ahora se recogen más frutos porque hay mas formas para defenderse, porque el poder está fragmentado y porque al interior del Estado mexicano sí existen actores dispuestos a escuchar y tomar en cuenta a la sociedad. Tal vez por ello surgen los indicios de que la acción cívica no partidista está recuperándose y aprendiendo las reglas del México nuevo. Menciono tres casos que lo demuestran.
Desde 1999 la Comisión de Derechos Humanos del Senado cumplía los deseos del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes. En 2007 un vigoroso cabildeo de organismos de derechos humanos encontró eco en la Cámara Alta y entonces se dio el portento: la Comisión senatorial tuvo un proceso transparente –todavía no concluido— para la renovación de dos lugares en el Consejo Consultivo de la CNDH.
Si las instituciones mexicanas no funcionan se recurre a las internacionales. Cada vez es más evidente la destreza con la cual organismos civiles mexicanos utilizan la palanca internacional. La Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, tomó el caso de Rosendo Radillo, un guerrerense de 60 años desaparecido en un retén militar en 1974 y está a punto de lograr que sea juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que pondría por primera vez al Estado mexicano en el banquillo de los acusados por un caso de desaparición.
En 2007 también empezaron a entrar en la agenda nacional los derechos del consumidor, un área bastante olvidada. Un indicador sería el trabajo del organismo Al consumidor el cual abandera esa causa utilizando la difusión, la investigación, la demanda jurídica, el cabildeo y la organización de foros.
Estos logros se apalancan en los medios escritos y electrónicos que dan voz a estos sectores. Un día tras otro confirmamos la apertura al escuchar los noticieros radiofónicos de Carmen Aristegui, Leonardo Curzio, Adriana Pérez Cañedo y Ricardo Rocha, entre muchos otros. El Canal 11 y el Instituto Mexicano de la Radio, por su parte, demuestran que los medios públicos pueden convertirse en una verdadera alternativa.
Son manchones de color en un fondo dominado por el gris de la impunidad. Sin embargo, la forma en que están ahora involucrándose personas y organismos permite abrigar una discreta esperanza a futuro. La protesta ya no se queda en el plano verbal que le exige los cambios al Gobierno; hay un esfuerzo por utilizar los espacios creados por los medios, las leyes y algunos funcionarios y políticos. En ese aprendizaje hay una apropiación de lo público aceptando que la norma será la alternancia de las victorias y las derrotas.
El 2007 fue un año de impunidad, pero también de logros y aprendizajes. Prefiero quedarme con esto último y aprovechar la pausa navideña como preámbulo a las batallas de 2008: se viene la Ley de Medios, la resistencia frente a los monopolios, el nombramiento de los tres consejeros del IFE y los dos del Consejo de la CNDH, las campañas para lograr que los partidos reduzcan el monto del financiamiento público, la presentación y seguimiento del caso de Lydia Cacho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la disputa jurídica para impedir que destruyan las boletas de la elección presidencial de 2006… Lo mejor para animarse es empeñarse en lugar de lamentarse.
La miscelánea
Alicia Elena Pérez Duarte era la Fiscal de Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de la República. Acaba de renunciar porque el fallo de la Suprema Corte es un vergonzoso elogio a la impunidad ya que, desde su cargo, documentó los abusos cometidos contra la defensora de los derechos humanos. Alienta que siga habiendo funcionarios dispuestos a la renuncia por la inconformidad lo que, por cierto, contrasta con el silencio cómplice de otros organismos públicos de derechos humanos.
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