Recogen evidencias del DVR

Peritaje correría a la par de la licitación para demoler obra.

SALTILLO, COAH.- El gobierno del Estado solicitó al Tribunal Superior de Justicia asegurar evidencias del Distribuidor Vial Revolución como paso previo a entablar una demanda civil contra las empresas que participaron en el diseño, construcción y supervisión de la obra, que aún no tiene fecha de demolición.

La Secretaría de Gobierno pidió a la sala civil del Tribunal que designe peritos para que corten cilindros de concreto del DVR y hagan pruebas sobre las características de la estructura. La demolición será sólo hasta que las pruebas estén tomadas y documentadas, dijo Armando Luna Canales, subsecretario de Asuntos Jurídicos.

Este aseguramiento de pruebas arroja nuevas dudas sobre la fecha para demoler la estructura, cuyo reemplazo fue anunciado en septiembre. La Secretaría de Desarrollo Regional tiene contemplado licitar la demolición dentro de un mes pero no ha dado fecha.

Luna dijo que prevén realizar el proceso de licitación de forma paralela a la toma de pruebas, que deben ser enviadas a un laboratorio de la ciudad de México, pues en el Estado no hay uno capaz de analizar las muestras de concreto.

Pero el secretario de Gobierno, Homero Ramos, dijo que la demolición sucederá hasta que el laboratorio confirme que tiene las muestras correctas y que el concreto de la obra no puede ser reparado.

Esto, además de lo complicado del proceso de demolición, que requerirá de explosivos, el DVR se tiraría hasta entrado 2008.

Luna dijo que con el aseguramiento de pruebas se invirtió el proceso normal de una demanda, en el que se toman las pruebas después de haberse presentado la querella.

En este caso, el Estado presentará una demanda civil contra las empresas participantes en la obra una vez que se hayan recogido las pruebas, y aunque mientras el Secretario de Gobierno, Homero Ramos, dijo que eran “seis o siete” empresas involucradas, rechazó dar nombres.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública identificó como responsables a las empresas BM, diseñadora de la obra; Acolsa, responsable de la construcción, y Coordina, que llevó a cabo la supervisión. Las demás empresas serían aquellas fue fueron subcontratadas en la obra o personas que estuvieron involucradas, como supervisores de la obra y el ex subsecretario de Caminos, Manuel Gómez Parra, quien hasta ahora es el único con proceso abierto en este caso.