Los últimos acontecimientos y las decisiones que se han votado en materia de las reformas electoral y fiscal en el Congreso la semana que hoy termina nos llevan a la conclusión de que el ajuste que más urge está en la manera de operar los consensos en las dos Cámaras.
En efecto, tras de haber entrampado sistemáticamente durante todo este año con mezquindades políticas todos los intentos del Ejecutivo para lograr modificaciones estructurales del país para resolver los ingentes problemas que se abaten sobre el país y mitigar la pobreza, los señores diputados y senadores acabaron por entregar a última hora estos críticos temas al juego de crudos intereses de los partidos políticos.
La situación económica de México hacía inaplazable aprobar la reforma fiscal para integrarla al Presupuesto de Egresos. Pese a ello, se condicionó a la reforma electoral aunque no guardara relación alguna entre ellas.
La reforma electoral, por su parte, era necesaria para acortar campañas, reducir sus gastos, eliminar el perverso y lucrativo uso de los medios, especialmente radio y televisión, para propaganda política y montar un mecanismo para evitar la repetición del dramático conflicto post electoral y autorizar candidaturas independientes. La aprobación de estos asuntos, todos ellos necesarios para fortalecer la democracia mexicana, fue cínicamente secuestrada por la obsesión vengativa del PRD de cesar al consejero presidente del IFE, Ugalde y despedir a los demás consejeros atropellando la inmovilidad constitucional de sus cargos. Todo ello en una demostración de una iracunda arbitrariedad.
El PRI, por su parte, encontró fácil y conveniente secundar la estrategia del PRD como maniobra para dejar debilitado al IFE para las elecciones de 2009 y de 2012. Se hizo sentir la capacidad del Poder Legislativo para modificar a su capricho y en cualquier momento los estatutos de cualquier organismo que por su esencia y por mandato constitucional, debe estar alejado toda interferencia de cualquiera de los tres poderes federales.
Los arreglos anteriores que, por cierto tienen que ser refrendados por los Congresos Estatales, no sirven tanto para convalidar el que las fuerzas políticas sean capaces de llegar a consensos cuando se así lo proponen. La realidad está en que, lamentablemente, los acuerdos a que llegan los partidos que operan en nuestro Congreso responden a sus conveniencias inmediatistas, que se imponen en cualquier momento, por sobre los intereses y objetivos fundamentales del país.
El actual proceso de reformas, incluyendo el del Estado, a penas empieza. Aún no es tiempo para hacer su evaluación Post Mortem. Faltan muchas otras facetas que están en estudio como el rescate financiero de Pemex o las reformas en materia energética y laboral.
Es llegado el momento de que el electorado mexicano, en toda su compleja diversidad regional, económica y cultural, despierte y fortalezca su capacidad para hacer llegar su mandato con inequívoca claridad a los diputados y senadores para que no continúe en la peligrosa disfuncionalidad en que desde hace años viene operando el Poder Legislativo.
Para los que consideran que sus actividades personales o profesionales no tienen que ver con la política o que no tienen por qué interesarse en ella, los acontecimientos nacionales como las decisiones que se tomen en el Congreso sirven para reflexionar y entender que ningún ciudadano puede sentirse ajeno ni alejado de las cuestiones políticas.
Las reformas electoral y fiscal se hicieron sin incorporar muchas voces ciudadanas que en las consultas se pronunciaron al respecto. Varias propuestas importantes quedaron fuera.
La reforma electoral confirmó la partidocracia que ahora domina el escenario. ¿Y los ciudadanos dónde hemos quedado?
México D.F., septiembre, 2007
