En septiembre del año 2005, tuvieron lugar las elecciones públicas en virtud de las cuales, el pueblo de Coahuila renovó sus Gobiernos Estatal y Municipales.
En el caso de la ciudad de Torreón resultó electo alcalde el candidato panista José Ángel Pérez Hernández, mediante un amplio margen y un resultado incuestionado que no ofrece dudas sobre el sentido de la voluntad ciudadana.
Por eso es indebido que a contracorriente de esa voluntad inequívoca, el gobernador Humberto Moreira haya creado la llamada Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, como parte de una estrategia que usurpa las funciones del Ayuntamiento de Torreón, aportando un elemento extra de confrontación al instalar en el cargo precisamente al candidato priista que perdió las elecciones, Eduardo Olmos Castro.
La lectura que ofrece en los hechos el gobernador Moreira es ominosa y parece decir: “Torreonenses; ustedes eligieron a José Ángel sobre el candidato de mi partido, pero yo insisto en poner a este último como autoridad sobre ustedes y sobre el ayuntamiento que ustedes eligieron, en contra de la voluntad de ustedes y en contra de lo que diga la Constitución de Coahuila”.
En efecto, el Artículo 115 Fracción I, de la Constitución Política de Coahuila, prohíbe la creación de instancias de Gobierno intermedias entre el Estado y los Municipios, como una medida que salvaguarda la Autonomía Municipal, evitando que el Gobierno del Estado invada la esfera de competencia de los Municipios.
La importancia de la Autonomía Municipal es esencial en un régimen democrático que respete el principio de subsidiariedad, que busca que el poder se ejerza en el seno de cada comunidad intermedia que exista entre el individuo ciudadano y la cúspide del Gobierno, porque lo que se pretende es cimentar y erigir el poder político desde la base social es decir, de abajo hacia arriba.
Por ello es importante que la comunidad de cada Municipio decida, bajo el liderazgo del Gobierno que se haya dado a sí misma, su régimen de planeación y el destino de los recursos públicos en orden a las obras que habrán de construirse, las necesidades colectivas que habrán de atenderse, etcétera.
Al contrario de esta sana tendencia, la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional ha sido una cuña del Gobierno de Moreira clavada en el Municipio de Torreón en contra de lo mandado en nuestra Constitución, que con el pretexto de trabajar “mano con mano” controla los recursos y la obra pública cuya gestión compete al Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Esto ha ocasionado una situación anómala en la que al tiempo que el gobernador Moreira y el alcalde José Ángel comparten espacios en los anuncios espectaculares, sostienen un pleito vulgar y vergonzoso.
La pluralidad política que genera la diversidad de gobiernos emanados de distintos partidos, es un instrumento de la democracia que busca crear equilibrios en el ejercicio del poder. La competencia que lleva a los protagonistas a ofrecer un buen desempeño y agradar a los ciudadanos, produce frutos de buen Gobierno como ha ocurrido en los casos recientes de los ex alcaldes panistas de Torreón Jorge Zermeño y Guillermo Anaya, que cohabitaron a la vera de Gobernadores priistas en condiciones razonables y de respeto mutuo.
Por eso ante el fracaso de ambas partes por llevar una relación acorde en la vía política, es pertinente que el alcalde José Ángel Pérez haya promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional que pone en manos de dicho tribunal el análisis y decisión del caso, como alternativa de solución al conflicto que nos ocupa, dentro de un marco de estricto derecho.
Se equivoca empero, José Ángel, al haber solicitado la suspensión de las obras en proceso, porque además de que esta medida ningún bien aporta a la comunidad ni a la propia causa política del alcalde, le da la oportunidad al gobernador Moreira de hacerse la víctima.
Lo anterior no obstante que la mayor parte de las obras ya se encontraba abandonada como ocurre con el denominado Nudo Mixteco; sin embargo, la suspensión decretada por la Suprema Corte originó que enseguida aparecieran en escena maquinaria y materiales que no estaban en el sitio en la víspera de la suspensión, insultando con ello a la inteligencia de los torreonenses que en forma cotidiana transitamos por ese lugar.
La simulación referida es parte de una campaña que insiste en mantener el pleito en los medios a nivel anecdótico, en lugar de abordar el problema institucional que de fondo está planteado.
Por su parte ni el alcalde ni su equipo han sido capaces de explicar de cara a la ciudadanía en forma clara, articulada y congruente el importante asunto que traen entre manos, lo que puede llevarnos como ciudad a perder la oportunidad de concluir esta penosa reyerta, mediante lo que es fundamental: La restitución del orden constitucional vulnerado.
Correo electrónico:
