Después de 53 años de funcionamiento, hoy amaneció cerrada la empresa papelera Fapatux, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en la ribera del Papaloapan. Es probable que con la apariencia de un conflicto laboral la empresa haya resuelto trasladar sus operaciones a Tizayuca, Hidalgo, con el propósito de evitar problemas con las autoridades ambientales.
Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A. de C.V. fue fundada el 8 de septiembre de 1954, con mayoría de capital privado y una pequeña participación del Estado mexicano. Sucesivos aumentos de capital redujeron la presencia de particulares hasta que se convirtió en una empresa gubernamental, asociada a Pipsa, que se convirtió en una controladora de que formaban parte Mexicana de papel (Mexpape), especializada en producir esa materia a partir del bagazo de la caña y la Productora Nacional de Papel Destintado (Pronapade), que como su nombre lo indica procede a través del reciclamiento de ese insumo.
Tuxtepec se inició con una capacidad para producir 70 mil toneladas de papel por año y cuarenta años después la tenía para elaborar 170 mil toneladas, con una plantilla laboral de 930 personas.
Las cuatro empresas fueron puestas en venta en julio de 1998, en dos paquetes. El primero, compuesto por Pipsa, Mexpape y Fapatux, excluía de sus posibles compradores a empresas editoras de periódicos. El segundo paquete, integrado sólo por Pronapade, permitía a los editores participar en la licitación. La Corporación Durango, ya dedicada a la producción de papeles llamados cafés (los que se emplean sobre todo para empaque), adquirió el primer paquete y la Organización Editorial Mexicana (OEM) el segundo. En 2003 Corporación Durango vendió a la OEM sus acciones en Pipsa (contrariando el sentido original de la privatización), pero conservó el control de la empresa PipsaMex constituida tras la compra de las empresas públicas. A ese consorcio pertenece Fapatux, que ha enfrentado crecientes problemas ambientales y de relaciones laborales. Quién sabe si por obsolescencia de sus equipos o por mayor rigor en la vigilancia ambiental, le ha sido difícil apegarse a las normas sobre aguas residuales, que arroja al río Papaloapan.
Adicionalmente, desde antes de la privatización había sido cuestionada por incumplir sus compromisos de reforestación. En febrero del año pasado la planta fue temporalmente clausurada por la Comisión Nacional del Agua, que en los seis años recientes la había sometido a un constante monitoreo, del que se derivaron diversas sanciones por arrojar sus desechos sin reparar en el daño que causa. Río abajo decenas de miles de personas dedicadas a la pesca, en 14 municipios, han padecido la disminución del potencial que explotan a causa de la contaminación provocada por varias empresas, señaladamente la papelera.
La crisis final sobrevino en marzo pasado, cuando el sindicato, que representa a la mayoría del personal, unos 300 del total de 350 empleados, emplazó a huelga por revisión contractual y por violaciones al contrato, buscando a través de esta última vía la equiparación de salarios de los sindicalizados con los obtenidos por el personal de confianza. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (la industria papelera pertenece a su jurisdicción) resolvió archivar el emplazamiento “toda vez que consideró procedente –informó anteayer en su boletón 035/2007 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social— un incidente de falta de personalidad que planteó la empresa respecto de los funcionarios sindicales que suscribieron dicho emplazamiento”.
No aclara esa información oficial, no podría aclararlo porque se exhibiría el maridaje de la justicia laboral con la empresa, que ese incidente procesal era realmente una argucia de leguleyo. El pliego de emplazamiento fue suscrito entre otros miembros del comité sindical por el “secretario de seguridad social”, siendo que en la toma de nota respectiva ese dirigente aparece como “secretario de acción y seguridad social”. No obstante la decisión de la Junta, e inconformes con la nimiedad del pretexto aducido, los trabajadores suspendieron labores, como si estuvieran en huelga, impidiendo el acceso a la planta a los empleados de confianza y al personal de dirección.
La empresa presentó denuncias por despojo y el 4 de junio demandó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de las relaciones de trabajo individuales y colectiva. El órgano de la justicia laboral accedió a ese pedido y anteayer notificó al sindicato y a cada uno de sus miembros que ya no trabajan más para Fapatux.
“En todo momento –asegura la STPS— autoridades federales y locales realizaron esfuerzos conciliatorios para tratar de resolver la situación, hasta antes de que se emitiera y notificara el laudo laboral. Cabe mencionar que, de acuerdo al mismo, los trabajadores cuya relación de trabajo ha concluido, deberán recibir la liquidación legal correspondiente, en la inteligencia de que podrían ser recontratados por la empresa”.
Si este último extremo correspondiera a la verdad, ello significa que la maniobra judicial tuvo por objeto no el cierre de la planta sino una modificación por mala vía de los términos de la relación laboral. Si no hay recontratación será porque Fapatux se convertirá en algo así como Fapatiz, pues sus operaciones serían trasladadas al parque industrial de Tizayuca, Hidalgo, donde Corporación Durango adquirió el año pasado un establecimiento fabril papelero, muy próximo a los grandes centros de consumo.
