?Todos pedimos que se aplique la Ley, y todos tratamos de eludir su cumplimiento?.
Émile Alain
Si antes costaba trabajo lograr que las autoridades del país tuvieran el valor de recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir la ley, los hechos violentos de Sicartsa y de San Salvador Atenco y de Sicartsa lo harán todavía más difícil.
Muchos funcionarios simplemente prefieren no arriesgarse a que un operativo con la fuerza pública les salga mal. Optan mejor por permitir acciones ilegales de los grupos de poder. A fin de cuentas no son ellos quienes pagan el costo de la violación de la Ley sino los gobernados, pero los derechos de éstos parecen ser menos importantes que la tranquilidad de los funcionarios.
Ahí está el caso de Amalia García, la gobernadora perredista de Zacatecas, quien después del fallido intento de desalojo de la planta siderúrgica de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, afirmó que en su estado no se haría ningún intento por liberar la mina de San Martín, en Sombrerete, también tomada ilegalmente por un grupo minero que apoya al líder Napoleón Gómez Urrutia.
Ante el anuncio inequívoco de que el Gobierno zacatecano no piensa ni cumplir ni hacer cumplir la ley, resultaba inevitable el anuncio del Grupo México de que cerrará de manera definitiva la mina de San Martín en el municipio de Sombrerete.
El secretario de gobierno de Zacatecas, Gerardo Romo, piensa que su trabajo no tiene nada que ver con la ley. La salida al conflicto, dice, debe ?ser negociada?. El problema es que no hay nada que negociar. Desde marzo pasado se firmó un nuevo contrato colectivo en la mina de San Martín. Pero un grupo pequeño de simpatizantes de Gómez Urrutia ha mantenido en paro la mina en demanda de algo que no está en manos de la empresa: que la Secretaría del Trabajo le dé nuevamente una toma de nota a Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Minero.
De 420 mineros sindicalizados en San Martín, sólo unos 30 ó 40 participan en el bloqueo de la mina. Ni siquiera se trata de un caso en que la mayoría de los mineros estén de acuerdo con el paro. Un grupo pequeño pero armado simplemente ha tomado las instalaciones por la fuerza.
El secretario Romo y la gobernadora García parecen estar actuando por consideraciones políticas. Su gran inquietud es apoyar al PRD en este año político. Después de la difusión de las imágenes de los desalojos de Sicartsa y de Atenco, piensan que la manera de obtener votos para el PRD es evitar el uso de la fuerza pública. Quieren evitar el ?error? que en su visión cometió el gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien originalmente apoyó con la policía estatal el esfuerzo por liberar las instalaciones de Sicartsa pero que después retiró la fuerza pública y destituyó a los responsables de esas acciones.
Lo que no miden estos políticos, sin embargo, es la respuesta de la gente común y corriente, aquella que no milita en ningún partido y que es crucial para un triunfo del PRD el 2 de julio. Mucha gente se siente incómoda ante una autoridad que se niega a cumplir o a hacer cumplir la ley. Esto puede terminar constándole antes sumándole votos al PRD.
Por lo pronto, en el afán de proteger a Gómez Urrutia, un líder sindical con una carrera siempre en el PRI y cuya honestidad es cuando menos cuestionada, el Gobierno zacatecano está perdiendo los 420 puestos de trabajo sindicalizados de la mina así como otros 200 empleos indirectos. En un estado como Zacatecas, y en un municipio como Sombrerete, en donde hay muy pocos empleos, la pérdida no es pequeña. A eso hay que añadir el mensaje más general. Lo que nos están diciendo las autoridades de Zacatecas es que en su estado cualquiera puede bloquear o tomar una propiedad si no acepta una negociación porque al gobierno le da miedo aplicar la Ley.
La mina de San Martín es la primera instalación productiva que se cierra por los paros ilegales que han sido promovidos por Gómez Urrutia. Cabe preguntarse cuáles serán las siguientes: el Grupo México, después de todo, tiene detenidas también la mina de La Caridad en Nacozari, Sonora, y otra en Piedras Negras, Coahuila. Hay el riesgo, por otra parte, de que el Grupo Villacero se decida finalmente a llevarse la producción de Sicartsa fuera del país. Pero esto sería un enorme golpe en contra de la economía nacional.
Por lo pronto, centenares de mineros en Sombrerete, Zacatecas, se quedarán sin empleo. Y es importante que sepan a quién deben su infortunio. En parte al líder Napoleón Gómez Urrutia y al pequeño grupo controlado por éste que ha tenido cerrada su mina durante dos meses, pero también al Gobierno perredista de Zacatecas, que piensa que la Ley debe negociarse en vez de hacerse cumplir.
AHMSA
Altos Hornos de México (AHMSA) anunció esta semana la conclusión de un largo proceso de renegociación de su deuda. Se entienden así los esfuerzos de la empresa por apoyar a la facción de Napoleón Gómez Urrutia en el Sindicato Minero. Si un paro ilegal hubiera cerrado sus instalaciones en Monclova como ha ocurrido con Sicartsa, la empresa nunca habría salido de su suspensión de pagos. En el conflicto minero se defienden muchos más intereses de dinero que el principio de autonomía sindical.
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