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El titular de La Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, indicó que se han interpuesto 54 denuncias por irregularidades detectadas en los años 2017 y 2018.
Sin embargo, indicó que una vez que interponen la denuncia no tienen acceso a las carpetas de investigación ya que la ASE no tiene el carácter “de ofendido”. Este es un término legal que se utiliza para indicar que no se recibió el daño directo. En los procesos legales solo tiene acceso a la información los involucrados, es decir, quien cometió la falta y quien sufrió el daño.
En rueda de prensa, indicó que buscarán que la situación cambie. En el informe Anual 2020 se presenta una petición a los legisladores locales para que puedan acceder al proceso, carpetas de investigación y seguir los casos denunciados.
La auditoría en sus revisiones anuales orientadas a salvaguardar la hacienda pública detecta irregularidades e interpone denuncias.
Sin embargo, la Auditoría Superior indica que ha visto una clara limitante para conocer el estado que guardan las investigaciones, el acceso a las carpetas o para obtener copia de la documentación recabada, así como el recurrir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal.
Por ello, propone al Congreso Local reformar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, a fin de que la Auditoría Superior, no solo sea un denunciante en los procesos penales, sino que le sea reconocida la calidad de ofendido.
A juicio del área jurídica de la ASE se deben de reformar el párrafo primero del artículo 2, así como el párrafo primero y fracción IV, del artículo 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, a efecto de considerar a la ASEC como parte ofendida
Mientras que en el artículo 69 se debe establecer que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños, la Auditoría Superior podrá coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
Cabe mencionar que deberán ser los diputados locales quienes decidan si esta propuesta procede.
Bajan observaciones
El auditor del estado, indicó que tuvieron un total de 2 mil 759 millones de pesos por concepto de montos no solventados en las auditorías realizadas en el ejercicio 2020.
Lo anterior representa una disminución de 161 millones de pesos en comparación con los montos no solventados en 2019.
La Auditoría Superior del Estado es la dependencia encargada de salvaguardar la hacienda pública. Audita a todas las instituciones de gobierno.
Fue esta semana que se publicó el Informe Anual 2020 en donde se detallan los montos, conceptos de las auditorias.
En el caso del Gobierno del Estado el monto no solventado fue de 153 millones 875 mil pesos. El Poder Judicial tuvo un monto total de 3 millones 486 mil pesos y el Poder Legislativo se le consignó un total de 43 millones 932 mil pesos.
