La presentación de la iniciativa de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, peligrosa y muy preocupante por sus contenidos, no se trata de un hecho aislado sino la enésima expresión de un modo autoritario de concebir y ejercer el poder.
Una lectura aislada de los eventos que están ocurriendo impide comprender adecuadamente los tiempos que vivimos y entender la gravedad del modo de gobernar que el morenismo ha impuesto entre nosotros. Resulta indispensable ampliar la mirada para que, a partir de una visión comprensiva de esos hechos aislados, podamos entender la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo. Razonar a partir de una visión restringida a los sucesos individuales del día a día puede provocar que sea imperceptible el deslizamiento que está acaeciendo hacia un régimen autocrático y que, en cambio, resulta evidente si se adopta una vista panorámica de la cadena de eventos que han venido ocurriendo y que se han precipitado en los últimos meses.
Recapitulemos brevemente para poner las cosas en perspectiva. La mencionada iniciativa llega al cabo de una serie de cambios que el régimen ha instrumentado unilateralmente desde septiembre pasado con los que se ha trastocado radicalmente la estructura institucional de nuestro sistema democrático. Primero fue la desaseada reforma judicial que se aprobó en los últimos días del gobierno de López Obrador y que, replanteando de raíz su estructura y en buena medida también su funcionamiento, pretende la captura política del Poder Judicial a través de la elección de jueces, magistrados y ministros.
Después ocurrió la consecuente modificación a las leyes secundarias a través de la aprobación de las iniciativas enviadas por la presidenta Sheinbaum, en donde se agravó aún más el daño infringido a la independencia judicial y se alteraron en los nuevos comicios para designar a las y los jueces las condiciones de vigilancia e integridad democrática que habían caracterizado hasta ahora a las elecciones.
Más tarde se concretó la desaparición de todos los órganos autónomos que le resultaban incómodos al oficialismo como contrapesos de ejercicio del poder y se determinó la reasunción de sus funciones (en materia de transparencia, competencia económica y regulación de las telecomunicaciones) por parte del gobierno.
También se cambió la Constitución para determinar que los cambios que el morenismo pueda hacer a la misma no puedan ser contravenidos mediante ningún recurso jurídico (es decir, creando un poder absoluto) mediante la así llamada propuesta de "supremacía constitucional".
Del mismo modo, se determinó la adscripción constitucional de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, a pesar de haber nacido como un cuerpo de seguridad civil -como debe ocurrir con las fuerzas policiacas en toda democracia-, concretando de esta manera la militarización de la seguridad pública.
Además, se modificó la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos que están sujetos a la inconvencional (y por ello violatoria de derechos fundamentales) figura de la prisión preventiva oficiosa, desacatando con ello las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya, en un par de ocasiones, ha ordenado al Estado mexicano a eliminarla de su ordenamiento jurídico.
Lo anterior evidencia por qué es plenamente justificada la alarma pública que generó la intención de que un órgano unipersonal dependiente de la Presidencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, concentre prácticamente todas las atribuciones que, en materia de concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, así como de vigilancia de las obligaciones de los respectivos concesionarios tenía antes el IFT, un órgano autónomo y colegiado. Por si lo anterior fuera poco, además se pretende facultar a dicha Agencia a poder determinar el bloqueo temporal a plataformas digitales sin que puedan suspenderse jurídicamente sus decisiones mientas se tramitan las eventuales impugnaciones en contra de éstas.
La Presidenta descalificó las reacciones de preocupación señalando que dicha facultad sólo tendría que ver con cuestiones de seguridad, pago de impuestos o la violación a alguna otra ley, no con el contenido de las plataformas, "jamás sería nuestra intención censurar", dijo. ¿Pero cómo creerle con los antecedentes inmediatos que evidencian la vocación autoritaria del régimen?
