MATRIMONIOS DE NIÑAS EN MÉXICO: UN FENÓMENO CON RAÍCES PROFUNDAS Y CONSECUENCIAS LETALES
A pesar de que desde 2014 la vida civil de los menores está legalmente protegida, entre 17 y 20 % de las mujeres mexicanas entre 20 y 24 años se casaron cuando eran niñas, y en Guerrero esta práctica es especialmente frecuente, presentándose en 1 de cada 5 casos.
De acuerdo con cifras oficiales, el 3 % de las mujeres, entre los 20 y 24 años en zonas urbanas, establecieron una unión matrimonial antes de los 15 años, dato que se duplica en las zonas rurales y que alcanza un 8 % en las zonas donde predominan las costumbres, tradiciones y lenguas indígenas. En el censo del INEGI de 2022, las entidades que mayor porcentaje obtuvieron en matrimonio de menores de edad fueron Durango y Chihuahua, seguidas de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.
Un decreto federal de 2019 eliminó todas las excepciones al matrimonio infantil en prácticamente todo el país -excepto Baja California-, prohibiendo las uniones para menores de 18 años bajo cualquier circunstancia. Aunque se han realizado reformas legales para prohibir el matrimonio entre menores, estas no han tenido un impacto significativo en la práctica.
Además, desde mayo de 2023, el Código Penal Federal sanciona los matrimonios o cohabitación forzada de menores con penas de hasta 22 años de prisión, especialmente si las víctimas son niñas de comunidades indígenas.
UNIONES INFORMALES: LA CARA MENOS VISIBLE
La mayor parte de estas "uniones tempranas" no son matrimonios legales, sino relaciones informales. Según INSAD, cerca del 80 % de las niñas menores de 18 que viven con una pareja se encuentran en esta situación, sin contrato civil ni protección legal.
Estas uniones se utilizan como mecanismos de control social y económico: las niñas son desplazadas a hogares ajenos, obligadas a cuidar de otras personas, aisladas de su entorno educativo y familiar.
VARIOS FACTORES CONFLUYEN EN MÉXICO PARA PERPETUAR ESTA PRÁCTICA:
Pobreza extrema y falta de oportunidades educativas, especialmente en zonas rurales o indígenas, donde casarse se percibe como terminar con una carga familiar.
Tradición cultural y desigualdad de género, donde el estatus social se confiere mediante matrimonio temprano de las niñas.
Escapar de entornos violentos o familiares, aunque frecuentemente esto termina en una nueva forma de abuso.
Se estima que una niña es vendida y dada en matrimonio por cantidades entre los 50 mil a los 250 mil pesos. Los padres de estas niñas, que tienen entre los 10 y 14 años, son personas mayores de edad. La pobreza y la exclusión son factores detonantes para que día a día sigan efectuándose los matrimonios infantiles.
Las consecuencias para estas niñas son críticas:
Abandono escolar: el 92 % de niñas en uniones tempranas abandonan la escuela; en comparación, solo 15 % de niñas sin uniones lo hacen.
Embarazo precoz y riesgos de salud: muchas dan a luz antes de los 18, enfrentando complicaciones médicas elevadas.
Violencia y explotación: son más vulnerables a abuso sexual, explotación y matrimonios forzados, incluso vinculados a redes de trata.
INICIATIVAS Y RESPUESTAS
En la acción legal e institucional el SIPINNA apoya plenamente las reformas legislativas, aunque la aplicación efectiva exige armonizar los códigos locales con el federal.
Desde la presión política, en 2022 el Senado urgió a que los congresos estatales adopten el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el matrimonio infantil en los 32 estados.
La respuesta comunitaria desembocó en organizaciones como Girls Not Brides, UNICEF y varias fundaciones locales que impulsan programas de educación, redes de apoyo y campañas de sensibilización.
¿QUÉ SE REQUIERE PARA ERRADICAR ESTA PRÁCTICA?
INSAD propone una estrategia integral que no se limite solo a tipificar el delito, sino que incluya:
Prevención desde la educación y oportunidades reales para las niñas; atención diferenciada según contexto (rural, indígena, urbano); redes de protección para quienes viven uniones informales y mecanismos locales efectivos para denunciar, investigar y castigar infringimientos.
Aunque las leyes han avanzado en México, la práctica del matrimonio infantil sigue vigente en su forma informal y encubierta. Combatirla requiere transformar no solo el marco legal sino también las condiciones socioeconómicas y culturales que perpetúan la desigualdad. La educación, justicia y movilización comunitaria deben ser la columna vertebral de cualquier cambio verdadero.
Hace falta que no seamos indiferentes, que la demanda social, el activismo y hasta la protesta de redes abona… desde esta trinchera seguramente TÚ, querido lector, puedes ayudar a garantizar que las niñas vivan su infancia y no la pierdan.
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