“En muchas ocasiones los jueces tenemos que ser impopulares.. Me parece que, si fuera por elección popular, se desnaturaliza la función del juez constitucional”, Arturo Zaldívar, 5.8.2018, entrevista con John Ackerman
Este 1ro de junio los mexicanos estamos convocados a las urnas. Será una elección costosa y compleja, pero además inútil. O más que inútil, un paso más en el proceso de deterioro del ya pésimo sistema de justicia de nuestro país.
Los ciudadanos tendremos que elegir a nueve ministros de la Suprema Corte, dos magistrados del Tribunal Electoral, 15 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 368 jueces de distrito. Estarán en disputa 881 cargos del poder judicial federal. Cada ciudadano tendrá que escoger entre 3,422 candidatos. Los nombres y números de identificación se desplegarán en seis boletas distintas. Además, habrá listas separadas para aspirantes hombres y mujeres.
Pero eso no es todo. Habrá elecciones también en esa fecha para elegir a los nuevos integrantes de los poderes judiciales locales en 19 entidades. Cada una será distinta, pero en la Ciudad de México se ha aprobado una versión de boleta electoral para la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial local, 11 versiones de boletas para los magistrados del poder judicial y 11 versiones de boleta para jueces locales.
¿Qué tanto conocimiento tiene el elector promedio para elegir a estos jueces, especialmente los especializados? Ninguno. Pero el propósito no es elegir a los mejores, sino a quienes los activistas del gobierno y de Morena consideren los más aptos para obedecer las instrucciones del ejecutivo. Están circulando ya las listas de por quién deben sufragar los beneficiarios de los programas sociales.
La clave de la elección no radica en el voto de los ciudadanos el día de la votación, sino en la selección de candidatos que ya realizó el gobierno. La enorme mayoría de quienes están en las urnas han sido palomeados por el gobierno o por los legisladores oficialistas en el Congreso.
Hacer nada más la elección federal, bien hecha, sin contar las 19 elecciones locales, costaría unos 14 mil millones de pesos. Pero el Congreso solo le dio al INE 6 mil millones para el proceso. Esto es lo oficial, sin embargo, porque se ha movido mucho dinero ya por debajo del agua, especialmente en campañas. Para colmo, estas serán las primeras elecciones en que los ciudadanos no contarán los votos. La tarea la harán los funcionarios de las juntas distritales. Ni siquiera Manuel Bartlett se atrevió a tanto en la elección de 1988, la que resultó en el triunfo de Carlos Salinas frente a Cuauhtémoc Cárdenas.
Han surgido acusaciones en el sentido de que algunos de los candidatos a jueces han defendido a criminales. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quiere que el INE los quite a pesar de que el Senado los mantuvo en las listas. El INE dice que no puede quitarlos porque no es juez y que la ley solo puede descalificar a quienes sean prófugos de la justicia, deudores alimentarios morosos, agresores sexuales o responsables de violencia familiar una vez que termine el proceso. Fungir en un proceso como abogado defensor de un acusado no es un delito ni en México ni en ningún país del mundo. Pero el problema es que a Noroña no le interesa lo que diga la ley.
Vamos camino a una elección inútil. No mejorará el sistema de justicia que tiene nuestro país. El único propósito es quitar a los jueces que han insistido en el cuento de que la ley es la ley y sustituirlos con otros que le den al gobierno todos los fallos obedientes que requiere.
CORRUPCIÓN
No, la corrupción no ha desaparecido. Así lo sugiere el caso de Francisco Javier Martínez, directivo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), socio de accionistas de Intanza, la empresa involucrada en el contrabando de 10 millones de litros de diésel. La investigación la hizo MCCI y la publicó Reforma. Hay que leerla.
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