Esta semana fue la última sesión del Pleno en su actual composición. Entre la nostalgia por lo que cierra y la incertidumbre por lo que viene, una noticia sacudió el panorama: la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para designar a Néstor Vargas como parte de la nueva estructura del Poder Judicial. Ella lo describió como un hombre "recto". Sin embargo, hay un detalle imposible de ignorar: Vargas fue denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía capitalina -cuando aún la encabezaba Ernestina Godoy- por una mujer que trabajaba bajo su mando.
La carpeta fue enviada al archivo temporal, dejando a la víctima sin justicia. ¿El argumento? El perito de la propia Fiscalía concluyó que la denunciante "no parece una víctima de violencia sexual". Un dictamen que, además de misógino y revictimizante, ejemplifica cómo las instituciones se convierten en cómplices del agresor, cerrando las puertas del acceso a la justicia desde el inicio.
El caso obliga a preguntarnos si de verdad vivimos el tan proclamado "tiempo de mujeres", y hasta qué punto el discurso oficial sobre el combate a la violencia de género no es más que simulación. Porque Vargas no solo arrastra esa denuncia: alumnas suyas también lo han señalado por hostigamiento cuando fue docente.
No es la primera vez que se repite la historia. Cada sexenio, las mujeres tenemos que salir a exigir que se rompa el pacto patriarcal. Con López Obrador, las exigencias fueron frente a Pedro Salmerón -acusado de agresiones sexuales, dos de ellas de mujeres cercanas- y frente a Félix Salgado Macedonio, respaldado políticamente pese a las denuncias. En este sexenio ya vimos a legisladoras de Morena dar la espalda a las víctimas de Cuauhtémoc Blanco. Y ahora, la propia presidenta respalda institucionalmente a un agresor sistemático.
Los señalamientos sobre Vargas van más allá. Diversos testimonios lo describen como alguien que habría utilizado su posición para sostener relaciones sexuales con subordinadas, a quienes presuntamente favorecía en sus trayectorias profesionales; que colocó a parejas sentimentales en dependencias como la Secretaría de Turismo y el Senado; y que, al mismo tiempo, acumuló poder bajo el respaldo de figuras cercanas al círculo presidencial.
Más allá de la veracidad de cada acusación puntual, el patrón es claro y alarmante: en México, la impunidad sigue funcionando como credencial de mérito. Las denuncias en su contra delinean con nitidez la misma constante: el abuso de poder y de jerarquía, aprovechándose de los pactos de impunidad que sostienen a quienes saben moverse en la asimetría del poder.
Se dice que el próximo 1 de septiembre nacerá un "nuevo" Poder Judicial Federal, casi bíblico y profético. Pero ¿qué puede renovarse en un sistema que recicla pactos de impunidad y protege a agresores sexuales? Vargas estará a cargo del órgano que administrará el dinero y el personal de todo el Poder Judicial de la Federación. Tendrá poder absoluto sobre adscripciones, recursos económicos y nombramientos.
Y ojo: ya hay quienes usan este caso para su propio beneficio político contra Morena -magistrados cesados, jueces inconformes y actores opositores-. Pero posicionarse contra la violencia sexual debe trascender colores, rencores y estrategias. Primero están las víctimas.
Dejemos de distraernos con nombramientos secundarios y pongamos los ojos aquí: un depredador está por ser investido al frente del órgano de administración del Poder Judicial. La pregunta es inevitable: ¿vamos a permitir que un agresor con este historial tenga en sus manos semejante poder?
