El gobierno del presidente Donald Trump dice que puede deportar a más de 500,000 venezolanos a su país natal sin ponerlos en riesgo porque las condiciones en Venezuela han "mejorado notablemente".
Sin embargo, nuevos informes del propio gobierno y de organizaciones no gubernamentales demuestran que semejante afirmación es, por decirlo suavemente, ridícula.
Un nuevo informe de 104 páginas sobre Venezuela, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, señala que la dictadura del presidente Nicolás Maduro y los grupos paramilitares "han cometido abusos generalizados" desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hasta la actualidad.
El informe cita asesinatos, desapariciones y casos de tortura infligidos a manifestantes, civiles inocentes y críticos de la oposición desde las fraudulentas elecciones en las que Maduro se reeligió para un nuevo mandato de seis años.
A pesar de estas violaciones de derechos humanos -condenadas incluso por el Departamento de Estado-, el gobierno de Trump sostiene que las condiciones en Venezuela están mejorando.
En un comunicado oficial publicado el 5 de febrero en el Registro Federal de Estados Unidos, justificando su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege a los inmigrantes venezolanos de la deportación, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que "existen mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia" en Venezuela, lo que "permite que estos ciudadanos regresen sanos y salvos".
¿En serio? La economía -una de las principales razones del éxodo de hasta ocho millones de venezolanos en los últimos años- está por el piso. Se espera que la economía venezolana se contraiga un 1.5 % este año, según las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. La inflación superará el 100 % este año, según estimaciones de varios economistas.
La criminalidad, otra de las principales causas de la migración masiva de venezolanos, sigue siendo un problema grave. Venezuela tiene una tasa anual de homicidios de 26 muertes por cada 100,000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Esto coloca a la tasa de homicidios de Venezuela por encima de las de Colombia, México y Brasil.
"La tasa de muertes violentas sigue siendo muy alta", me dijo el director del Observatorio, Roberto León, aunque aclaró que ha disminuido desde su pico en 2017. "Es la más alta de la región, con la excepción de Ecuador".
Hay tan poca seguridad en el país que el propio Departamento de Estado emitió una nueva alerta de viaje a Venezuela el 12 de mayo, advirtiendo un "extremo peligro" para los viajeros. Señala que en Venezuela hay un "alto riesgo" de detenciones arbitrarias, tortura bajo arresto, terrorismo, secuestros y robos.
Para empeorar las cosas, el gobierno de Trump no solo está deportando a los venezolanos a su país natal, sino que también ha recortado la ayuda externa para los refugiados venezolanos en 14 países latinoamericanos.
Andrew Natsios, exdirector de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), me dijo que los recortes de ayuda exterior de Trump afectarán gravemente la contribución de Estados Unidos al Programa Mundial de Alimentos.
"Gran parte de esa comida va a Latinoamérica para los refugiados venezolanos", me dijo Natsios. "Eso va a ser un desastre".
Irónicamente, el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho recientemente que Venezuela es "una dictadura horrible", aunque en un giro de 180 grados respecto a su anterior postura en defensa de los inmigrantes venezolanos cuando era senador, ahora apoya las deportaciones masivas impulsadas por Trump.
El gobierno de Trump no puede afirmar con seriedad que las condiciones en Venezuela han "mejorado notablemente" para justificar la deportación de venezolanos que se encuentran legalmente en el país con estatus de protección temporal, y al mismo tiempo presentar a Venezuela como una "dictadura horrible".
Es hora de poner fin a esta hipocresía política y anular las órdenes de deportación contra la inmensa mayoría de inmigrantes venezolanos que no tienen antecedentes criminales y que, en la mayoría de los casos, realizan trabajos que los estadounidenses no quieren hacer.
Obligarlos a regresar a un país que aún está plagado de violencia, represión política y dificultades económicas es contradictorio y cruel.
