El presidente Donald Trump ha hecho de la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense el eje de su juego geopolítico. ¿Qué significa esto? Básicamente utilizar leyes, sanciones y otras medidas coercitivas de Estados Unidos más allá de sus fronteras para alinear a otros países con sus intereses. Esa proyección de poder coloca a gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos fuera del espacio estadounidense en una situación de nueva vulnerabilidad. Desde la óptica de Trump, las instituciones de Estados Unidos pueden y deben actuar contra una entidad pública o privada si consideran que atenta contra los intereses nacionales o que eso sirve para alcanzar objetivos geopolíticos.
Es verdad que la extraterritorialidad de las leyes no es algo completamente nuevo en la política exterior estadounidense. Otros presidentes han usado las sanciones y la extralimitación de la jurisdicción para defender los intereses de la primera potencia mundial. Barack Obama firmó leyes para imponer sanciones secundarias a empresas extranjeras por negociar con el sector energético de Irán para presionar a este país a establecer un acuerdo de control nuclear. Otro ejemplo es la Ley Helms-Burton que permitió proceder en suelo estadounidense contra empresas extranjeras que "traficaran" con propiedades expropiadas por el gobierno cubano. Y en la lucha contra las drogas hay casos como la ley Kingpin que permitió congelar activos a sujetos señalados por narcotráfico.
Sí, hay una continuidad histórica en el ejercicio de la extraterritorialidad de la ley. No obstante, en el segundo mandato de Trump este recurso de poder se ha convertido en un pilar más relevante y agresivo de la política estadounidense, incluso innovando en su aplicación en ámbitos tradicionales como la seguridad y la justicia, pero también en áreas "nuevas" como el comercio y la tecnología. La forma en la que Trump 2.0 emplea esas herramientas, su amplitud, publicidad y combinación con otras tácticas marca una notoria diferencia.
Si hablamos de seguridad, encontramos que la Administración Trump ha tomado medidas excepcionales que llevan la aplicación de la ley y el poderío de Estados Unidos más allá de su territorio. Ha designado a cárteles como grupos terroristas con el objetivo de abrir la puerta a usar herramientas antiterrorismo extraterritoriales contra ellos, desde sanciones financieras severas hasta el posible empleo de fuerzas militares en el extranjero. Bajo el paraguas narrativo de la seguridad nacional y el combate al narcotráfico, ha desplegado tropas cerca de Venezuela para "realizar operaciones de inteligencia" e incluso prepararse para eventuales ataques dirigidos contra objetivos del narcotráfico fuera de Estados Unidos. Ya en 2020 hubo despliegues antidrogas en el Caribe, pero la magnitud del actual no tiene precedentes. También Trump ha militarizado la frontera con México, algo que si bien no implica una extralimitación, sí se usa como plataforma discursiva de amago de una incursión en México para hacer cumplir leyes estadounidenses.
Las acciones de seguridad del gobierno de Trump muestran un salto cualitativo en el ejercicio de la extraterritorialidad. Sus antecesores dependieron más de las fuerzas civiles del orden, labores de inteligencia y la cooperación internacional para combatir a los cárteles. Trump, en cambio, amplía la dimensión de la amenaza y se muestra dispuesto a proyectar poder militar unilateralmente en el extranjero para abordarla. Algo similar ocurre en el ámbito judicial, dentro del cual la Administración Trump ha intensificado el uso de sanciones financieras, investigaciones penales y medidas legales contra entidades extranjeras, muchas veces en alineación con cuestiones de seguridad. Por ejemplo, las sanciones a operadoras turísticas, de tiempos compartidos y agencias de viajes en México; las investigaciones contra figuras y empresas del entretenimiento o las restricciones de visado contra funcionarios extranjeros sospechosos.
Está claro el cambio: otros gobiernos priorizaron la cooperación discreta; la Administración Trump recurre abiertamente a sanciones unilaterales, acusaciones penales y vetos migratorios para obligar a terceros países a actuar contra criminales. Esto afirma la hipótesis de que se trata de una estrategia central: desde Washington se "exporta" la lucha contra el crimen, expandiendo la jurisdicción de las leyes de Estados Unidos al extranjero con un alcance inédito.
Pero la novedad más importante está en el terreno del comercio y la tecnología. Trump ha demostrado una voluntad inusitada de usar aranceles y sanciones comerciales unilaterales para castigar a terceros países por acciones que van contra los intereses geopolíticos estadounidenses. Ejemplos de ello son los aranceles punitivos a México y Canadá por el fentanilo; los "aranceles secundarios" a terceros países por tener relaciones comerciales con estados sancionados, y el uso de los aranceles como represalia y amenaza en ámbitos no relacionados con el comercio. El presidente de Estados Unidos ha hecho de los instrumentos comerciales un brazo de su política exterior coercitiva para imponer su voluntad condicionando el acceso al mercado estadounidense.
En el sector tecnológico, Trump ha intensificado la estrategia de restringir el acceso de los rivales de su país a tecnologías clave, a través de la aplicación de la jurisdicción de forma extraterritorial sobre cadenas de suministro globales. Destacan casos como la orden a las empresas desarrolladoras de software de automatización de diseño electrónico para semiconductores de que suspendan ventas a clientes chinos, salvo licencia especial, o las amenazas de vetos a plataformas y equipamiento para que empresas chinas vendan sus filiales en Estados Unidos. Trump aprovecha la influencia de su país en industrias críticas para imponer reglas que trascienden sus fronteras.
A la luz de los casos mencionados, es posible afirmar que la extraterritorialidad de la ley es una medida central del gobierno de Trump para proyectar poder en el mundo. Sus políticas de seguridad, justicia, comercio y tecnología muestran a unos Estados Unidos no ya como la "policía mundial" de la era dorada de su hegemonía, sino como la potencia que pretende dominar a través de sus propias leyes, castigando o coaccionando conductas extranjeras unilateralmente. Si bien, buena parte de estas acciones siguen el camino de políticas pasadas, Donald Trump las ha llevado más lejos, con una diferencia notable en forma y alcance. Con ello, entramos en una nueva era de incertidumbre en la que los gobiernos, empresas, organizaciones e individuos ajenos a Estados Unidos pueden ser colocados bajo la mira de un gobierno dispuesto a usar todo su poder para conseguir sus objetivos a capricho.
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