La incapacidad gubernamental para controlar la venta de combustible ilegal dentro del territorio nacional, alcanzando niveles donde un tercio del consumo proviene del contrabando, no es simplemente un problema de índole económica o de seguridad. Se trata de una crisis profunda de gobernabilidad y de Estado.
En la raíz de esta crisis yace el cuestionamiento del concepto weberiano del Estado como la entidad que detenta el "monopolio del uso legítimo de la fuerza". El contrabando masivo de combustible demuestra que otros actores, como grupos criminales y redes de corrupción, pueden desafiar y eludir a la autoridad, operando con impunidad en amplias zonas del territorio nacional. La incapacidad de controlar el flujo de combustible ilegal pone en evidencia la fragilidad de nuestra soberanía "hacia el interior".
El Estado, según la tradición contractualista inaugurada por Thomas Hobbes en Leviatán, se justifica por su capacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. El contrabando generalizado de combustible, sin embargo, evidencia una clara falla en este contrato social. Además, la legitimidad del Estado se basa en la capacidad de generar un consenso racional entre sus ciudadanos. Cuando el Estado falla en su misión primordial de garantizar la seguridad y el bienestar, pierde su legitimidad y capacidad para generar ese consenso racional, abriendo la puerta a la desestabilización y/o al establecimiento de un autoritarismo por la fuerza o por la propaganda.
El principio del "Estado de Derecho", fundamental en la teoría política liberal, implica que todos, incluyendo el gobierno, están sujetos a la ley. Sin embargo, el gobierno debe estar limitado por la ley y debe actuar de acuerdo con ella y, sobre todo, debe tener capacidad y voluntad de ejercerla. El contrabando masivo de combustible, sin embargo, es una flagrante violación de este principio. La incapacidad del Estado para hacer cumplir la ley y para enjuiciar a los responsables del contrabando genera un clima de impunidad que socava la confianza en el acuerdo social en su conjunto.
Esta situación dificulta la gobernabilidad, entendida como la capacidad del Estado para tomar decisiones y aplicarlas de manera efectiva. La corrupción, inherente al contrabando, erosiona aún más la estabilidad democrática, debilitando las instituciones estatales y dificultando la implementación de políticas públicas eficaces. El contrabando de combustible, por lo tanto, es un síntoma de una crisis más profunda que puede llevar al desmoronamiento del Estado.
Un Estado que no puede garantizar la seguridad, la justicia y el bienestar en su pueblo está condenado a no poder expandir las libertades y capacidades de los ciudadanos. La lucha contra el contrabando de combustible, por lo tanto, es una lucha por la supervivencia del Estado Mexicano de visión plural, liberal, derechos humanos y garantías individuales.
Entonces, lo que hay que poner de verdad sobre la mesa, es que -tal vez- Morena no hace nada serio al respecto, porque no tiene un proyecto democrático y no están interesados en un Estado que funcione, sino en realidad buscan un poder vertical y meta-institucional que se concentre en sus manos y que nadie les pueda arrebatar. Si lo que se busca es destruir el Estado de instituciones y pluralidades; entonces, el huachicol y otras cosas peores, les caen como anillo al dedo a los que se pintan de guinda.
