Fiscalía de las Mujeres de Coahuila registra un aumento de detenciones por violencia familiar
Las detenciones por el delito de violencia familiar en Coahuila han registrado un aumento del 96% en lo que va de 2025, informó Katy Salinas Pérez, titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez.
Este repunte, señaló, es resultado de una estrategia estatal enfocada en la capacitación de cuerpos policiales y el fortalecimiento del primer contacto con víctimas.
De enero a mayo de 2024 se contabilizaron alrededor de 500 personas detenidas por este delito, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra ya supera las mil 200 detenciones, lo que representa un crecimiento sin precedentes en la entidad.
Como parte de la estrategia de intervención, la Fiscalía ha coordinado cateos en viviendas donde se ha reportado la presencia de armas de fuego; en las últimas ocho semanas, estas acciones permitieron el aseguramiento de seis armas y la ejecución de seis desalojos, principalmente en los municipios de Saltillo y Torreón.
Salinas Pérez señaló que estos operativos han sido clave para salvaguardar la integridad de las víctimas y cortar ciclos de violencia persistente:
“Cuando una mujer llama a la policía, no es un conflicto doméstico, es un delito y debe tratarse como tal”, enfatizó la fiscal.
Por ello, destacó, las nuevas directrices incluyen el traslado inmediato de la víctima a un sitio seguro, la elaboración de un informe homologado, y la puesta a disposición del agresor ante el Ministerio Público, que tiene 48 horas para determinar su situación legal.
Salinas Pérez destacó que, a diferencia de otros estados, en Coahuila la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio, lo cual permite avanzar en los procesos aun si la víctima desiste de la denuncia.
“Muchas veces las mujeres enfrentan presiones emocionales, especialmente de sus hijos, para no proceder legalmente; sin embargo, estamos preparados para continuar con el proceso y ofrecer acompañamiento psicológico y jurídico a quienes lo necesiten”, indicó.
Finalmente, la funcionaria destacó que en casos donde los agresores no son judicializados, se les impone una medida de protección, como órdenes de restricción o desalojo del hogar, con el fin de garantizar la seguridad de las víctimas.
