Productores y transportistas de La Laguna denuncian extorsiones y colusión de autoridades en Durango

Representantes de diversos sectores productivos de La Laguna, incluyendo ganaderos, lecheros y transportistas, alzaron la voz para denunciar una serie de extorsiones sistemáticas, presunta colusión de autoridades estatales y municipales, y la falta de respuesta institucional ante sus demandas. En una reunión realizada en Torreón, los afectados exigieron la intervención urgente del gobierno federal, al considerar que las condiciones de seguridad en el estado de Durango son insuficientes para continuar sus actividades de manera legal y segura.

Los testimonios recabados revelan una situación crítica que se ha agudizado en los últimos siete meses. Según los ganaderos, el problema comenzó con el manejo de vacas accidentadas, que derivó en cobros arbitrarios por parte de grupos que ahora controlan la comercialización de animales. “Ya ellos comercializan todas las vacas, y la policía estatal en lugar de apoyarnos, nos detiene los camiones y nos cobra hasta un peso por kilo de animal”, denunció uno de los representantes del sector lechero.

Los afectados aseguran que han sostenido múltiples reuniones con autoridades estatales sin obtener soluciones concretas.

“Nos dan atole con el dedo. Hemos tenido cinco o seis pláticas y todo sigue igual. Las denuncias que presentamos no prosperan, no se les da seguimiento, y la Fiscalía parece ser parte del problema”, señalaron.

El sector transportista también reportó haber sido uno de los más golpeados. De acuerdo con su representante, existen al menos cinco denuncias formales presentadas ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto en la capital de Durango. Sin embargo, tras interponer las denuncias, los denunciantes fueron víctimas de amenazas y agresiones físicas por parte de grupos armados, obligándolos a retirar sus acusaciones bajo presión.

“Tenemos videos que muestran cómo camionetas con civiles armados llegan a los domicilios de nuestros compañeros para intimidarlos. Las autoridades dicen que no hay denuncias, pero aquí están los folios. Lo grave es que el municipio y el estado están coludidos con estos grupos”, afirmaron.

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una manifestación pacífica realizada el pasado 4 de agosto en Gómez Palacio, la cual fue bloqueada por patrullas municipales y estatales, acompañadas por civiles armados. “¿Dónde se ha visto que una manifestación pacífica sea bloqueada por civiles armados con el respaldo de las autoridades?”, cuestionaron.

Los inconformes también hicieron un llamado al nuevo Mando Especial de La Laguna, cuestionando su capacidad de acción ante la evidente impunidad.

“La Guardia Nacional estuvo presente, retiró a los civiles armados, pero no hubo ni una sola detención”, denunciaron.

Los aparceros, quienes trabajan bajo esquemas de producción con empresas, señalaron que desde hace más de un año comenzaron a ser presionados por grupos que, acompañados de camionetas blancas, impusieron un sistema de comercialización exclusivo de la pollinaza, un subproducto clave en la avicultura. “Nos dijeron que sólo ellos podían comprar y vender la pollinaza.

Dejaron un teléfono y desde entonces nadie más puede comercializarla”, denunciaron.

La pollinaza, utilizada como alimento en agostaderos para ganado, llegó a valer hasta 1.70 pesos por kilo. Hoy, los aparceros reciben entre 300 y 500 pesos por tonelada, lo que ha desmoronado la rentabilidad del negocio. “Muchos compañeros vivían de eso. Ahora, con precios controlados y miedo de vender, las pérdidas son insostenibles”, señalaron.

El temor a represalias ha impedido que se presenten más denuncias. “Nos da miedo ir a denunciar. Ya saben quiénes somos, dónde vivimos. Pusimos una denuncia hace un año en el Mando Especial, pero nunca nos dieron folio. No sabemos qué pasó”, relataron.

Además del sector avícola, los ganaderos enfrentan cobros ilegales por kilo de peso vivo, incluso en casos de ganado accidentado. “Nos están cobrando hasta un peso por kilo. Si vendes una vaca de 800 kilos, son 800 pesos. Si vendes 50, son 40 mil. Es insostenible”, denunciaron.

El impacto económico es profundo. Se estima que cada semana se documentan alrededor de 1,000 cabezas de ganado del estado de Durango que son sacrificadas en rastros de la región, con un peso promedio de 500 kilos por animal. Las cuotas impuestas representan pérdidas millonarias para los productores.

El sector agrícola también ha sido afectado. Productores de forraje denuncian que deben vender a una compañía ilícita que luego revende a precios elevados, afectando al consumidor final. “Nos obligan a vender barato y luego ellos venden caro. Es un daño directo a la economía”, señalaron.

Ante la falta de respuesta del gobierno estatal, los productores han solicitado la intervención del Gobierno Federal. “Queremos trabajar libremente, sin extorsiones ni amenazas”, concluyeron.

Los inconformes recalcaron que su lucha no es contra ninguna organización en particular, sino en defensa de sus negocios y su derecho a trabajar en paz. “No somos políticos ni investigadores. No nos interesa señalar a nadie, solo queremos que se respete nuestro trabajo”, expresaron.

En torno al control de los módulos de riego en Durango, indicaron que el proceso de elección de representantes ha sido manipulado, dejando fuera a pequeños productores y rompiendo con los estatutos que establecen una alternancia entre el sector social y la pequeña propiedad cada tres años.

“Aunque los módulos son autónomos, están regulados por la Comisión Nacional del Agua, ante la cual ya se han presentado quejas. Sin embargo, los afectados afirman que la dependencia “se lavó las manos” y permitió el ingreso de actas con irregularidades.

Otro punto crítico es el proyecto federal “Agua Saludable para La Laguna”, donde los sindicatos denuncian haber sido desplazados en los contratos de transporte de materiales. “Nos pagaban 5 mil pesos por camión, pero a las compañías les cobraban 7,500. Además, nos descontaban el 6% por pronto pago. Así trabajan ellos”, explicaron.

La situación ha generado un clima de miedo entre los trabajadores. Las denuncias, principalmente por amenazas, datan desde febrero de este año.

“Solo pedimos que nos dejen trabajar tranquilos”, concluyeron.