Poder Ciudadano celebra decisión histórica de la SCJN sobre elección de magistrados
La organización civil Poder Ciudadano expresó su reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por admitir a trámite el juicio de inconformidad electoral interpuesto contra la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), abriendo así un precedente sin precedente en la historia judicial del país.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la ministra presidenta Norma Piña turnó el caso al ministro Alberto Pérez Dayán, quien será responsable de estudiar el expediente y presentar un proyecto de sentencia antes del 28 de agosto, fecha límite establecida por la ley.
La impugnación, según Poder Ciudadano, responde a irregularidades de origen en el proceso de elección, el cual habría sido influenciado por estructuras partidistas que comprometen la imparcialidad judicial. La organización también recurrió la entrega de constancias de mayoría correspondientes, en busca de preservar los principios constitucionales.
Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, reafirmó el compromiso del colectivo con la legalidad, la transparencia y la defensa de los valores democráticos.
“Confiamos en que la SCJN reconocerá y protegerá los derechos políticos de la ciudadanía y resolverá nuestra demanda de forma justa e imparcial”, declaró.
El juicio marca un parteaguas en el sistema jurídico mexicano al permitir una revisión constitucional sobre decisiones que, hasta ahora, eran consideradas exclusivamente internas al Poder Judicial. La admisión abre camino a una fiscalización más sólida y democrática del sistema electoral, lo que podría influir en futuras reformas jurídicas para reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.
Para Poder Ciudadano, la resolución de este juicio no solo representa un acto de justicia, sino una oportunidad para recuperar la confianza de la ciudadanía en la independencia de los órganos electorales. La organización subraya que el respeto por la división de poderes y la vigilancia ciudadana son fundamentales para fortalecer el Estado de derecho en México.
