
Piden investigar a estatales en San Pedro por abusos, detenciones arbitrarias, extorsiones y actos de corrupción
Exhortan al secretario de Seguridad Pública, así como a los mando de Policía Estatal, para que investiguen y tomen medidas inmediatas frente a los abusos, detenciones arbitrarias, extorsiones y actos de corrupción presuntamente cometidos por elementos de dicha corporación en el municipio de San Pedro.
Lo anterior, garantizando el respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos, y erradicando practicas que vulneran la seguridad y dignidad de la población, expuso en tribuna del Congreso del Estado, la diputada Delia Aurora Hernández Alvarado.
A través de un Punto de Acuerdo, recordó que la función principal de los cuerpos de seguridad pública es proteger la integridad, los derechos y las libertades de todas las personas.
Dijo, que la policía, como institución encargada de salvaguardar el orden y garantizar la seguridad ciudadana, debe actuar siempre bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y servicio a la sociedad.
“Cuando quienes tienen el deber de cuidar a la ciudadanía abusan de su autoridad y vulneran los derechos de las personas, no solo traicionan su mandato, sino que erosionan la confianza pública y lesionan gravemente el tejido social”, precisó.
Subrayo que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establecen que las corporaciones policiales deben actuar con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
“El municipio de San Pedro enfrenta una preocupante situación que lastima gravemente la confianza de la ciudadanía en sus autoridades de seguridad pública. Durante los fines de semana, de manera recurrente, elementos de la Policía Estatal realizan detenciones sin justificación legal alguna, afectando principalmente a personas jóvenes y trabajadoras que circulan por las calles del municipio”, denuncio.
Como legisladora, advirtió que pueden ni debe cerrar los ojos ante una realidad dolorosa: en muchas colonias marginadas, en los ejidos, en los barrios olvidados, los derechos humanos no siempre son respetados. Quienes menos tienen, a menudo son quienes menos justicia reciben.
“Existen detenciones arbitrarias, revisiones sin orden judicial, actos de intimidación, y en algunos casos, el uso excesivo de la fuerza. Todo esto, bajo el pretexto de mantener el orden, pero en realidad vulnerando la dignidad y el derecho más básico que tenemos todas y todos: el derecho a ser tratados con respeto y humanidad”, sostuvo,
Señaló que no se puede patear a un municipio que vive en agonía económica. Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), San Pedro cuenta con el 48.5% en situación de pobreza, y el 5.5% en situación de pobreza extrema.
Mencionó que durante los fines de semana, que deberían ser días de descanso y convivencia familiar, se ha instaurado lamentablemente en el municipio de San Pedro una auténtica “cacería” de ciudadanos por parte de elementos de la Policía Estatal.
“Aprovechando el flujo de personas en espacios públicos y zonas de esparcimiento, los oficiales realizan detenciones sin causa legal aparente, hostigan a la población y convierten su actuación en un mecanismo de presión y extorsión”, subrayo.
Expuso que esta práctica no solo es indigna de una institución que debería velar por el bienestar de la sociedad, sino que representa una grave distorsión de las funciones públicas en perjuicio de la libertad y la tranquilidad de las personas.
Puntualizó que esta situación ha generado un ambiente de miedo, impotencia e indignación entre la población; las personas se sienten acosadas en su propio municipio, percibiendo la presencia de la policía estatal no como una garantía de seguridad, sino como una amenaza constante.
“La función primordial de las corporaciones policiales es proteger y servir a la ciudadanía, no hostigarla ni convertir la aplicación de la ley en un mecanismo de recaudación o enriquecimiento personal”, recordó.
Señaló que no se puede hablar de seguridad cuando esta se convierte en sinónimo de miedo. No se puede hablar de Estado de Derecho cuando a los más pobres se les presume culpables, se les humilla, se les golpea.
“Propongo desde esta tribuna, que fortalezcamos los controles internos de las corporaciones de seguridad pública; que impulsemos observatorios ciudadanos en colonias vulnerables; que garanticemos la presencia de visitadores de derechos humanos en las zonas de mayor riesgo; y que las denuncias por abuso policial no sean letra muerta, sino que reciban atención inmediata, imparcial y efectiva”, destacó.
Por ello, y recogiendo el legítimo reclamo de las y los habitantes de San Pedro, solicitó la intervención inmediata de las autoridades de seguridad estatal para poner fin a estos abusos, garantizar investigaciones imparciales y tomar medidas correctivas que devuelvan a las y los ciudadanos su derecho a vivir en un ambiente de paz, respeto y legalidad.