A finales de 2024, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), este órgano técnico de la Comisión de la Cámara de Diputados que vigila el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió diversos informes con el objeto de analizar las consecuencias de la acción fiscalizadora de esta última. Estos documentos, poco conocidos, contienen información valiosa para comprender, a través de datos duros, la falta de resultados en el combate a la corrupción e impunidad del órgano fiscalizador.
Uno de estos informes, de diciembre de 2024 -el más reciente-, señala que, al 30 de septiembre de 2024, la ASF había presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 862 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales, 658 (76.33%) se encontraban con el estado de trámite "en desahogo" y 204 (23.67%) se reportan como "resueltos".
De los 204 procedimientos "resueltos", 91 (44.60%) resultaron "con responsabilidad"; de estos, la ASF reportó que 7 causaron estado, es decir, las resoluciones son definitivas ya no pueden ser impugnadas, dando lugar a ocho servidores públicos sancionados. Los otros 106 (51.96%) asuntos fueron resueltos "sin responsabilidad".
El informe de la UEC señala que la ASF no presentó al TFJA expedientes relativos a las cuentas públicas 2019 a 2022. Sin embargo, un informe posterior del órgano de fiscalización superior, con corte a marzo de este año, indica que se habían remitido 1,234 asuntos, los cuales incluyen un solo caso de 2019.
En cuanto a las faltas administrativas graves en las que presuntamente incurrieron los servidores públicos imputados, se señalan: abuso de funciones (42.2%), desvío de recursos (32.5%), uso indebido de recursos públicos (4.0%) y utilización de información falsa (1.6%).
En este contexto, debe destacarse el excesivo tiempo que transcurre entre que una falta administrativa grave es identificada por la ASF en los informes de resultados y transita por sus procesos internos de seguimiento e investigación hasta llegar al TFJA, lo cual, en promedio, toma cinco años.
Recientemente se dio a conocer en medios que el 9 de julio, se llevará a cabo la audiencia de un asunto correspondiente a la cuenta pública 2018, identificado en una auditoría forense a la Secretaría de Gobernación -la 13-GB-, cuyo informe se entregó en febrero de 2020. Más de cinco años después de presentado el informe de resultados a la Cámara de Diputados.
A pesar del larguísimo periodo de tiempo que invierte la ASF para investigar un asunto e integrar un expediente -lo que supondría la presentación de casos muy sólidos-, su porcentaje de efectividad es del 44.60%, con tan solo ocho servidores públicos sancionados en siete años de gestión del actual titular. En otras palabras, es altamente ineficiente.
Otro aspecto muy preocupante son los asuntos que pudieran estar prescritos que provienen de las cuentas públicas 2016 y 2017, los cuales siguen en sus direcciones generales de investigación. El sistema público de consulta de la ASF revela 3,123 asuntos de estos años, de los cuales únicamente 1,153 habían sido presentado al TFJA -de acuerdo con un informe de la ASF al 31 de marzo pasado-, quedando pendientes de presentar 1,970 asuntos que pudieran estar prescritos.
La prescripción para asuntos de 2016 y 2017 es de cinco y siete años respectivamente, a partir de que se realizó la conducta infractora y se suspende -de acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte- hasta el momento que el presunto infractor sea notificado. Es muy probable que, al seguir en su área de investigación, estos asuntos no han sido notificados. Un aspecto que deberá revisar la UEC.
@gldubernard
