Luis Fernando Salazar no es nadie para decir cómo terminar a los obreros de AHMSA: Ervey Valenzuela
Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazaron la propuesta de pago diferenciada planteada por el senador Luis Fernando Salazar, asegurando que violenta derechos adquiridos en el contrato colectivo.
Juan Ervey Valenzuela de la Torre, vocero de empleados activos, señaló que no existe aún certeza sobre el proceso de liquidación y cuestionó que el legislador adelante resoluciones sin sustento.
“Si realmente vino a solucionar algo, no lo hizo. Al contrario, dividió a los trabajadores, cuando lo más importante en esta crisis es la unidad”, declaró Valenzuela.
Criticó que se hable de pagar conforme al contrato colectivo a retirados y aplicar la ley de quiebras para activos, afirmando que sería injusto y discriminatorio.
El obrero enfatizó que los principales afectados son alrededor de 12 mil trabajadores en las dos plantas, de los cuales 3 mil 500 permanecen activos y siguen sin certeza.
Añadió que el comité de vigilancia no ha mostrado resultados tangibles, debilitando la esperanza de los obreros, quienes ahora confían únicamente en gestiones federales para lograr justicia.
“Si realmente quieren apoyar a Monclova deben garantizar pagos parejos. Los activos seguimos luchando y no podemos aceptar un trato desigual que nos deja desprotegidos”, expuso Valenzuela.
Por su parte, Víctor Ruiz Treviño, oficial especial de mantenimiento mecánico ya pensionado, defendió la vigencia del contrato colectivo, con más de 86 años respaldando a los trabajadores de Altos Hornos.
Ruiz Treviño sostuvo que aplicar la ley de quiebras en lugar del contrato sería “irracional”, pues implicaría retrocesos en derechos laborales y desconocería antigüedad, salarios y prestaciones adquiridas.
El ex trabajador advirtió que ignorar la experiencia y derechos de los empleados activos también traería riesgos operativos, aumentando accidentes en una empresa de alto riesgo como Altos Hornos.
Ambos coincidieron en exigir respeto irrestricto al contrato colectivo y a la ley federal del trabajo, al señalar que la reestructuración debe priorizar dignidad, seguridad y bienestar de las familias.
