Celebremos la liberación de Israel Vallarta, pero no olvidemos que las condiciones que lo tuvieron 20 años en la cárcel continúan allí.
Después de casi veinte años detenido bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa -siempre contó con la presunción de inocencia-, Israel Vallarta Cisneros ha sido absuelto de todos los cargos de secuestro que se le imputaban por la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal. El 8 de diciembre de 2005 había sido detenido, junto con su expareja sentimental, Florence Cassez; tras pasar una jornada secuestrado y torturado por la Agencia Federal de Investigaciones de Genaro García Luna, atravesó un órdago de dos larguísimas décadas llenas de acusaciones falsas y adulteración de pruebas, invención de testigos y dilaciones intencionadas, en tanto era objeto de un permanente acoso mediático y la manipulación de su historia por parte de cuatro gobiernos.
Primero para cumplir la venganza de un empresario con oscuros vínculos con el poder, y luego para satisfacer el ego del propio García Luna y del presidente Felipe Calderón, el Estado mexicano se dedicó a perseguirlo sistemáticamente a él y a su familia -su hermano Mario y su sobrino Sergio Cortez Vallarta siguen presos, mientras que su hermano René y sus sobrinos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta ya fueron liberados-, a la cual vinculó con una banda criminal, Los Zodiaco, que jamás existió, en una de las ficciones más obscenas de nuestra historia. Lejos de ser único, su caso concentra los vicios de nuestro sistema: su corrupción y docilidad a las presiones políticas, su obsoleto diseño institucional y falta de transparencia, su lentitud e ineficacia.
Vale la pena recordarlo: en México, menos del 0.5 por ciento de los delitos que se denuncian se resuelven. En una nación fallida, sin Estado de derecho, donde la impunidad es total, la tentación de detener a cualquiera para ensalzar la labor de las fuerzas de seguridad, ahora para colmo en manos militares, o de aplicar cada vez más la prisión preventiva oficiosa -ese instrumento violatorio de los derechos humanos que ha fascinado por igual a Calderón, López Obrador y Sheinbaum-, se convierte en una tentación permanente para los poderosos.
Si hoy conviene celebrar la liberación de Israel, lograda gracias a su tesón -nunca cejó en su empeño de demostrar su inocencia-, al apoyo de su esposa Mary Sáinz y de su hermana Guadalupe, a sus defensores públicos y a las decenas de personas que han analizado y denunciado su caso, debería servirnos, más bien, para no olvidar que las condiciones que lo llevaron a padecer veinte años de cárcel -la mayor parte en penales de alta seguridad-, calumniado y amenazado sin cesar, continúan allí, frente a nosotros. ¿Cómo el Estado mexicano podría reponérselos?
García Luna, quien sí fue hallado culpable de ser cómplice de los criminales a los que decía perseguir, utilizó a Vallarta para demostrar la supuesta eficacia de la institución bajo su mando; las dos principales televisoras del país -con Carlos Loret como emblema- se aprovecharon de él para aumentar sus raitings; con un torvo ímpetu nacionalista, Calderón lo retuvo entre rejas para consolidar su popularidad; Peña Nieto prefirió desentenderse de él; y López Obrador lo resucitó para atacar a Calderón, en tanto desmantelaba el Poder Judicial que hoy lo liberó y hacía crecer el listado de delitos con prisión preventiva oficiosa, justo aquello que mantuvo a Vallarta injustamente en prisión.
Veinte años luchó Israel para recuperar su libertad: en ese mismo tiempo, México no ha mejorado en nada su sistema de justicia: la reciente reforma solo lo hará todavía más vulnerable a las ambiciones del poder o a la extorsión del crimen organizado. Aunque no los veamos, hay diez, cien, mil Vallartas en nuestras cárceles, acusados sin pruebas o víctimas de contubernios políticos, y muchos más inocentes podrían sumárseles si no transformamos de cabo a rabo policías, peritos y fiscalías -y si no sacamos al Ejército de estas labores-, si no remozamos leyes y procedimientos, privilegiamos la defensa de los derechos humanos y reconstruimos la idea de contar con un Poder Judicial en verdad confiable, eficaz e independiente.
