Ley seca y elecciones en México: entre el orden simbólico y los efectos sociales no deseados

La aplicación de la ley seca en las elecciones del 1 de junio de 2025 en México, puso en evidencia los límites de una medida que ya no responde a las condiciones sociales y políticas de hoy. Si bien es cierto que su objetivo es cuidar el orden público, sus efectos van más allá, afectando la economía local, la percepción ciudadana y la legitimidad institucional, por lo que requiere una revisión normativa urgente. 

Aunque se le conoce como “ley”, la realidad es que actualmente no existe una legislación federal que obligue a aplicar esta disposición. Sin embargo, el artículo 300, fracción 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) dice: “El día de la elección y el precedente, las autoridades competentes, de acuerdo con la normatividad de cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes”. 

La administración de la venta de alcohol debería quedar, entonces, a criterio de los estados y municipios que, si bien podrían desestimar la ley seca, por lo regular la ejercen durante 48 horas: el día anterior a los comicios y el día en que se llevan a cabo. Las sanciones por no respetarla varían de acuerdo a cada territorio, pero generalmente abarcan multas, arresto administrativo, clausura de locales, decomiso de bebidas, entre otras. 

Los estados que aplicaron la restricción el pasado primero de junio fueron: Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Coahuila. En esta última entidad se prohibió la venta y consumo de bebidas embriagantes en todo tipo de establecimientos entre el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio, bajo pena de cárcel sin tolerancia a quienes vendieran o transportaran alcohol durante ese periodo. 

¿QUIÉN GANA CON LA LEY SECA? 

La prohibición de la venta de alcohol durante las jornadas electorales en nuestro país tiene raíces históricas que datan de los años cuarenta del siglo pasado, y encuentra su inspiración en el prohibicionismo que se vivió en Estados Unidos entre 1920 y 1933. Es una medida de corte autoritario y, sin embargo, su aplicación se mantiene en un contexto democrático moderno, produciendo efectos contradictorios. 

El objetivo de la ley seca, diseñada hace más de un siglo, es mantener bajo control el comportamiento de los ciudadanos para salvaguardar el orden público. Sin embargo, la sociedad ha evolucionado a lo largo de las décadas, así como sus libertades y derechos, por lo que una práctica tan anacrónica debería, al menos, adaptarse a los nuevos tiempos en que el mercado informal (e incluso el ilegal), aunado al uso de las nuevas tecnologías, permite que la venta de alcohol no se detenga. Simplemente el comercio de bebidas embriagantes pasa por intermediarios distintos a las empresas formales que generan empleos y sostienen a familias enteras. 

Así, la prohibición beneficia a otro tipo de “actores económicos” que no necesariamente pagan impuestos, ni respetan la ley, ni cuentan con negocios bien establecidos. De hecho, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha documentado que la venta ilegal de licores aumenta hasta un 40 por ciento en zonas urbanas marginadas cada vez que se aplica la ley seca, favoreciendo únicamente al comercio informal. 

LAS PÉRDIDAS 

Como sabemos, el sector comercial y de servicios es un motor importante de la economía nacional, específicamente el ramo de alimentos y bebidas, por lo que organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), así como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CanacoServytur), se han manifestado contra la ley seca, dejando en evidencia el impacto que representa el detener la dinámica económica durante un fin de semana completo, situación que evita que las personas salgan de sus hogares e impulsen el consumo local. 

Según la Concamin, en elecciones pasadas (como las de 2018 y 2021), la prohibición de venta de alcohol generó pérdidas superiores a los mil 500 millones de pesos por día en el sector formal. La Canirac, por su parte, estima que el 60 por ciento de sus afiliados reportan caídas de hasta el 30 por ciento en sus ganancias durante ese tiempo. En Coahuila se habla de pérdidas de hasta 25 millones de pesos a lo largo del fin de semana en que se aplica la restricción. 

El impacto no se limita al comercio de bebidas embriagantes, sino que afecta los ingresos de trabajadores como meseros, cocineros, personal de servicio, etcétera. Esto se debe a que sus empleos son altamente precarizados y, en muchos casos, su paga depende de las propinas. 

Otros sectores perjudicados son los de eventos deportivos y centros de entretenimiento, cuya demanda se ve reducida de manera significativa. 

LA ILUSIÓN DE ORDEN 

Por otro lado, el supuesto propósito de disminuir conflictos y actos violentos durante los comicios no se cumple a cabalidad. 

Un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que analizó diez elecciones entre 2015 y 2023, encontró que en el 70 por ciento de los casos no existió una reducción significativa en delitos como riñas o violencia familiar durante la prohibición. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó, en 2021, que los robos a establecimientos aumentaron un 15 por ciento en periodos de ley seca. 

Una encuesta de Parametría reveló, en 2024, que el 58 por ciento de los mexicanos consideran esta medida como “inútil” o “excesiva”, mientras que sólo el 22 por ciento la apoya. 

La aplicación actual de la ley seca parece pasar por alto la complejidad del país y termina por no reconocer que, hoy en día, las libertades son fundamentales para los ciudadanos. Lejos de impulsar acciones prohibitivas para garantizar el orden público, el Estado mexicano debería apostar por estrategias de educación cívica, campañas de prevención de violencia y otras maneras de fortalecer la participación electoral responsable. La democracia no se construye desde la restricción, sino desde la confianza. Realizar campañas de concientización sobre consumo responsable de alcohol podría generar más beneficios y menos costos económicos. 

Si las pérdidas son mayores a los beneficios, si se afecta la formalidad alentando a los mercados negros y la desconfianza ciudadana, y si la medida está inmersa en un contexto donde la participación electoral es baja, quizá sea momento de reconsiderar si esta política realmente protege el proceso democrático. A final de cuentas, ¿qué la democracia no es la decisión de las mayorías?