“Jamás sería nuestra intención censurar, si siempre hemos estado en contra de la censura”, Claudia Sheinbaum, 24.04.2025.
ara qué sirve el poder absoluto si no es para aprovecharlo absolutamente? No sorprende que los gobernantes y funcionarios morenistas, que ya gozan de un poder que no existía en México desde la dictadura perfecta, busquen usarlo para amedrentar a sus críticos.
En Puebla ha entrado ya en vigor un decreto que crea un nuevo delito, el "ciberasedio", que comete quien, "a través de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o moral". La sanción es de 11 meses a tres años de prisión y multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El gobierno poblano afirma que esta ley no busca sancionar a quienes critiquen a los políticos, sino proteger a la gente común y corriente, pero el propio texto no lo dice. Además, ¿puede una ley estatal censurar las redes sociales que se rigen por una legislación federal? Si un periodista en la Ciudad de México critica a algún político poblano en un espacio digital, ¿podrá ser procesado y sancionado, aunque no viva ni trabaje en el estado?
En Campeche fueron vinculados a proceso el periodista Jorge Luis González Valdez y el representante del diario digital Tribuna Isidro Yerbes. ¿Su delito? "Incitación al odio" en agravio de la gobernadora Layda Sansores. Dicen que no es censura, pero entonces: ¿Por qué fue cerrado Tribuna? ¿Por qué se prohibió a González Valdez ejercer el periodismo? ¿Es constitucional prohibir a alguien ejercer el periodismo? ¿Por qué se exige un pago por daño moral de 2 millones de pesos al director de comunicación social del estado, Walther Patrón Bacab, y no a la supuestamente ofendida gobernadora?
A estos atentados contra la libertad de expresión hay que añadir los que vienen con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa original la presentó el ejecutivo al Senado el 23 de abril, y al estilo de la 4T trataron de aprobarla por la vía rápida, sin que los senadores tuvieran tiempo de leerla. Solo después de que fue denunciada como la Ley Censura, la presidenta Sheinbaum la detuvo y fue devuelta a comisiones. Se presentará un nuevo dictamen en un período extraordinario el próximo lunes, 23 de junio.
La iniciativa otorgaba poderes enormes y discrecionales a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El titular, José Antonio Peña Merino, ha señalado que ya se eliminó el artículo 109, que daba a la agencia la facultad de bloquear plataformas digitales por faltas que ella misma definiría. Otros abusos siguen presentes.
No se ha modificado, por ejemplo, el artículo 65 que permite el "rescate de frecuencias" por razones tan vagas como el "interés público" o la "seguridad nacional". Tampoco el 228, que obliga a los noticiarios a distinguir entre información y opinión. Sin embargo, poner en contexto una información obliga a interpretarla, entrevistar a una víctima es una forma de expresar un punto de vista. Además, esta censura solo se aplicará a la radio y la televisión abiertas nacionales. No afectará a los informativos extranjeros que se difunden en México -y no veo ni a CNN ni a Fox News ni a la BBC aceptando la censura-ni a las emisiones por internet, cada vez más comunes. No solo es una ley censora, sino ciega ante la realidad de las tecnologías e injusta por censurar solo a algunos medios.
INVITACIÓN
Dice la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez que, "si hay alguna carpeta de investigación por un despojo", se aplicará la ley. ¡Qué bueno! Pero el anuncio de Octavio Romero Oropeza de que el Infonavit venderá baratas a los invasores las casas que invadan es una invitación a invadir viviendas.
