Recientemente el Inegi dio a conocer los resultados de la medición para 2024 de la pobreza en nuestro país con la metodología, los criterios y procesos que se habían seguido por el Coneval, lo que permite hacer las comparaciones correspondientes. La medición de la pobreza se realiza a partir del ingreso económico de las familias y con indicadores de acceso a los servicios para ejercer derechos sociales fundamentales: educación, salud, seguridad social, alimentación y vivienda, de tal manera que no se tengan carencias sociales.
Cada vez que exista un resultado favorable en las condiciones de pobreza en el país, habrá que celebrarlo. Este es el caso de los resultados más relevantes, por ejemplo, la población en pobreza se ubicó en 38.5 millones, una disminución, entre 2018 y 2024, de 13.4 millones, 11.7 en el caso de la pobreza moderada y 1.7 en el de la pobreza extrema que ahora afecta a siete millones de personas. Estos datos deben ser reconocidos y resultan del aumento del salario mínimo y las transferencias monetarias.
Sin embargo, existen elementos de preocupación que no deben ignorarse. En el tema del ingreso, se debe recordar que el salario mínimo no podrá sostenerse al alza y que las transferencias monetarias no están fondeadas, por lo que su existencia está en riesgo permanente. Por otra parte, los datos ponen en evidencia el fracaso de la política social seguida cuando se analizan los datos de vulnerabilidad de la población por las carencias sociales, la privación social y dos de los indicadores fundamentales de desarrollo social: salud y educación.
En 2018 en México había 32.7 millones de personas vulnerables por carencias sociales, en tanto que en 2024 la cifra aumentó en 9.2 millones para llegar a 41.9. Por su parte la población con al menos tres carencias sociales se incrementó en dos millones y afectó a 27 millones de personas o a uno de cada cuatro mexicanos.
El rezago educativo aumentó en 700 mil personas y, por la crisis de la atención a la salud, no reconocida por el gobierno anterior y el de la actualidad, pero que lacera a la población, se afectó a 24.4 millones de personas más y ahora son 44 millones y medio los que tienen la carencia. Al revisar las carencias promedio en 2018 y en 2024, en ninguna de las 14 categoría hay mejoría y en cambio en doce de ellas, la cifra empeora.
Por otra parte, nuestras diferencias regionales persisten inmutables. Dos de cada tres chiapanecos viven en condiciones de pobreza y la mitad de los habitantes de Guerrero y Oaxaca también. En contraste, en las dos Baja Californias y en Nuevo León la pobreza solo afecta a uno de cada diez habitantes. Por lo que toca a la pobreza extrema, los datos son peores. En Chiapas esa condición afecta al 27.1 por ciento de su población mientras en Baja California son solo cuatro de cada mil, es decir 68 veces de diferencia. Por cierto, la mejoría en el periodo comentado es mayor en Baja California, Aguascalientes y Coahuila que en Chiapas y Guerrero.
Los gobiernos han fallado en entender que su responsabilidad es asegurar el cumplimiento de los derechos sociales establecidos en la Constitución y que la pobreza no se resuelve con dádivas otorgadas con fines clientelares, sino con la certeza de que la salud, la educación y los servicios básicos están garantizados, además de generar las condiciones para la creación de empleo completo, con ingreso suficiente y seguridad social. Solo así saldaremos una deuda histórica.
