Muchas cosas se facilitarán para Morena con el triunfo de jueces y ministros cercanos a su visión de país. En cierta manera es la consecuencia lógica de la batalla económica y política en favor de un cambio de modelo. El sistema judicial se había convertido en la trinchera para frenar y atenuar las iniciativas emanadas del ejecutivo, la llamada lawfare. Desde allí se hicieron los amparos y se emitieron las sentencias que ponían en suspensión o contravenían los designios de Palacio o de las cámaras, en manos de la 4T. Ahora han barrido con este obstáculo.
Y digo que es una consecuencia lógica porque el grueso de los ciudadanos de este país votó por un cambio en favor de los dejados atrás; lo hizo en 2018 y lo reiteró en 2024. Esta voluntad de las mayorías solo afectó al poder ejecutivo y al poder legislativo, y desde estas instancias, con aciertos y desaciertos, se ha buscado dar cauce a esa exigencia. Pero el voto no había modificado al poder judicial, todavía en manos de personeros del sistema anterior; y fue desde allí donde se ejerció la resistencia.
Aunque el vuelco que ha traído la reforma judicial ha dado motivo a la rasgadura de vestiduras por parte de la oposición, habría que entender que se trata de un desenlace que tiene que ver más con la física y la correlación de fuerzas, que con la violación de valores universales e intocables, como hoy se quejan. Para decirlo rápido, el sistema de justicia en México es lamentable por donde se le mire. No solo por la impunidad vigente y la falta de profesionalismo, sino por el sesgo económico que invariablemente garantiza el triunfo del rico o del influyente. Hay mucho de hipocresía en esta defensa a ultranza de un sistema que tiene a tantos inocentes en prisión y a tantos facinerosos en libertad; una justicia que constituye sinónimo de injusticia para todo el que carece de recursos o de contactos para no ser victimizado por los poderosos.
Con el cambio por el que ahora hemos pasado solo una cosa es segura; el poder judicial no será obstáculo al proceso de cambio de los gobiernos de la 4T. Todo lo demás es una incógnita. No sabemos si será más o menos profesional que el anterior (la vara era demasiado baja), si en verdad será más sensible a las necesidades de los desamparados y menos vulnerable a la acción corruptora del dinero. Lo más probable es que haya claroscuros en ese sentido.
Pero el gran desafío es que el sesgo económico que hacía de la justicia un instrumento de los ricos, no sea sustituido por el sesgo político en favor de un influyentismo vinculado a Morena. La tentación será grande.
Por ahora solo quisiera detenerme en una preocupación de fondo. Las cosas se le facilitarán a la 4T en muchos sentidos, pero en otros podrían complicarse. Ejercer el poder en soledad entraña problemas.
México necesita una oposición que realmente compita con Morena en el mercado político. La falta de alternativas es dañina para el mejor desempeño de todo proceso, escribí en otro texto hace unos días. Gobernar sin oposición real ni contrapesos políticos tiene ventajas operativas pero también peligros a la vista.
Por otro lado, el poder judicial no es solo una palanca más del tablero de mando del país. Se trata de una zona frontera entre lo público y lo privado. Hay corrientes de la izquierda que abordan cada predio de poder adquirido como si fuera un coto para ser ejercido a discreción, bajo la supuesta consideración de que se trata de la voluntad del pueblo. Una voluntad que con harta frecuencia es entendida como aquello que favorece a los intereses personales o de facción política.
Esto representa un problema. Morena ejerce ahora poco menos que el monopolio del poder político, pero no el económico y eso no va a cambiar. El sector privado genera el 75% del PIB del país y de él depende la inversión necesaria para crecer y generar empleos. El gobierno puede favorecer un contexto que permita una operación del mercado menos injusta. Pero concebir el poder político como una llave que permite "tomar todo" es esquizofrénico porque el mercado se rige por otra lógica. Ignorar esta realidad conduce a un divorcio absoluto entre la esfera política y la económica y ya hay varios países latinoamericanos que muestran la pesadilla extrema a la que puede conducir.
Los tribunales son instancias de conciliación para los intereses contradictorios entre personas e instituciones de una sociedad, incluyendo las desavenencias entre los ciudadanos, las empresas y la autoridad. Tienen funciones vitales para la vida cotidiana. El poder legislativo ya ha dejado de ser un espacio para proyectar las diferencias políticas, ideológicas o económicas; los coordinadores parlamentarios de Morena lo manejan como una extensión de los intereses del obradorismo. Salvo para efectos discursivos, la vida parlamentaria no es un canal para expresar las posiciones económicas.
El poder judicial es otra cosa. Los sectores conservadores lo utilizaron como bastión para combatir políticamente al proyecto de cambio impulsado por la 4T. Pero lo mismo podría decirse en caso contrario. Una cosa es haber neutralizado esa guerra jurídica disfrazada y otra es ponerla a funcionar en sentido inverso. Si el capital económico asume que toda diferencia o litigio con respecto a otros actores sociales (comunidades, asociaciones, instituciones públicas, funcionarios, sindicatos, etc.) está perdida de antemano en tribunales, preferirá inhibir todo proyecto que entrañe un riesgo. El verdadero peligro no reside en que los dueños del dinero intenten tumbar al gobierno, sino que simplemente lo envíen a otro lado o que se sienten a esperar otro sexenio.
Claudia Sheinbaum ha intentado a lo largo de siete meses la construcción de un diálogo con la I.P. que permita al país crecer. Una parte sustancial de ese trabajo residirá ahora en asegurar que el sistema judicial no sea percibido como un instrumento político hostil y amenazante para la actividad económica. De allí el riesgo de una instrumentación de la justicia ideológicamente mal entendida. Algunos ministros y jueces entenderán correctamente que los nuevos tiempos exigen impartir una justicia sensible a los mexicanos hasta ahora maltratados, pero con legitimidad para la sociedad en su conjunto. Incluidos los sectores considerados hoy privilegiados. ¿Qué hará un juez frente a una invasión ilegal de terrenos de una empresa por parte de comuneros con el pretexto de estar sin uso? Hay el riesgo de que algunos jueces asuman como un mandato favorecer los intereses de Morena y sus bases sociales, independientemente de las leyes vigentes. En fin, buenas noticias para Claudia Sheinbaum que, esperemos, no se le conviertan en un dolor de cabeza. @jorgezepedap
