La elección de más de 3,300 funcionarios judiciales que está programada para mañana, constituye un elemento fundamental en la Reforma Judicial que desde hace tiempo México requiere pero no en la forma en que se nos ha presentado. Ante todo, desde el punto de vista de derechos humanos, el rezago en la administración de la justicia afecta a centenares de presos que llevan años, a veces décadas, en espera de las sentencias que habrán de cerrar sus expedientes para aplicar las previsiones que determinan los Códigos penales y de otra índole, aprobados por los congresos federal y estatales. Es una falta intolerable el que esta situación habría de continuar el abandono del principio de justicia rápida y certera.
No sólo es inaplazable corregir dicha inexcusable falta. El ejercicio de mañana pretende realizar la altamente riesgosa función de proveer con individuos preparados y capaces de desempeñar dignamente los miles de puestos desde jueces de rangos básicos, hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para asegurar la correcta función del Poder Judicial, la selección de sus integrantes debe responder a criterios estrictamente profesionales y de ninguna manera tiene que ver con los criterios totalmente distintos que rigen la función equilibradora de poderes. Es sabido que hay candidatos, no sólo con falta de preparación, sino que están relacionados con la delincuencia organizada.
Es obvio por otra parte, que el "Reformado Poder Judicial" introducirá un elemento de inseguridad que repercutirá gravemente en el prestigio internacional del país y atractivo para el inversionista. Por otra parte, será incapaz de cumplir su función de asegurar la constitucionalidad de los actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación. El Poder Judicial fue creado con las dos específicas funciones antes mencionadas. Una, la de equilibrar los poderes Ejecutivo y Legislativo y, dos, la de impartir justicia a la población. Es obvio que las dos funciones mencionadas no pueden fusionarse ya que la vocación de examinar caso por caso las infracciones y violaciones a la ley y aplicar las sentencias correspondientes, son bien distintas a la función de velar por la constitucionalidad de los actos de gobierno.
Es evidente que la función impartidora de justicia tiene que ser realizada conforme a los principios de derecho que han sido extensamente estudiados y descritos desde el Siglo XVIII, sin que sea admitido que intereses de índole político influyan en esta función. Es inaceptable que las sentencias que emiten los jueces de cualquier nivel se fundamenten en presiones de cualquier tipo o naturaleza.
Las condiciones anteriores invalidan que se pretenda una democratización del Poder Judicial a fin de asegurar supuestamente, su cercanía a los criterios usuales de justicia. La función judicial es independiente de cualquier criterio político o ideológico ya que las conclusiones y los criterios están tomadas por la ley, misma que dista mucho de obedecer a cuestiones políticas e ideológicas.
Las razones anteriores plantean al ciudadano validar el ejercicio de designar a muchos miembros del Poder Judicial a individuos notoriamente impreparados, o bien, por razones de principios y de dignidad personal, sustraerse de esta elección que de antemano entraña serios peligros para la realización del propio objetivo de la esperada reforma. Con ello estará expresando su rechazo al sistema obligando al gobierno a rectificar los términos de la reforma.
El gobierno de Morena hoy encabezado por la presidente Sheinbaum, con la Reforma Judicial cumple el programa básico de realizar en México un régimen social distinto al neoliberalismo convencional que ha venido rigiendo desde la Constitución de 1917. De cumplirse este propósito, nuestro país estrenará un sistema autócrata basado en expresiones demagógicas y alejado de los principios de derechos humanos y de justicia social incluyentes.
