La propuesta de reforma electoral del expresidente López Obrador, impulsada ahora por la presidenta Sheinbaum, tiene al país inmerso en un acalorado debate sobre el impacto que podría tener en la representación política de las minorías la propuesta de eliminar las candidaturas de representación proporcional y la de reducir el altísimo financiamiento a los partidos políticos y al órgano electoral.
A una semana de que inicie el segundo período ordinario de sesiones de este año legislativo, se ha abierto el espacio -que es preciso sea inclusivo y plural- para discutir cambios trascendentales (¿para bien o para mal?) de nuestro sistema electoral, planteados para su aprobación a más tardar a finales de este año
Son pertinentes dos preguntas para contextualizar el debate: ¿cómo llegamos al punto en que nos encontramos? y ¿cuáles son los asuntos clave de la iniciativa?
Hablamos de lo que sería una cuarta reforma electoral de gran calado entre 1997 y 2025, período en el que se consolidó la alternancia democrática con la certeza de que el voto cuenta y se cuenta bien; y la primera, entre las tres que la preceden, que no es impulsada desde las oposiciones políticas, sino desde el partido en el poder.
Hablamos también de lo que sería un cuarto intento de la 4T por concretarla, desde que en 2022 la presentó AMLO por primera vez al Congreso como reforma constitucional y después como reformas a leyes secundarias, que no se aprobaron por la falta de una mayoría legislativa calificada y por su inconstitucionalidad según el fallo de la Corte.
¿Cuáles son en la actual iniciativa los puntos clave? 1. Suprimir las 200 curules de representación proporcional de la Cámara de Diputados y los 32 escaños plurinominales del Senado; 2. Sustituir a los "pluris" con asignaciones de la llamada "primera minoría" a quienes obtengan el segundo lugar en la elección, tal y como ocurre ya con 32 escaños de la cámara de Senadores; 3. Reducir el financiamiento de los partidos políticos; y 4. Elegir mediante voto popular a los consejeros y magistrados electorales.
Quienes se oponen a esa propuesta consideran por el contrario que la supresión de los "pluris" sí pondría en grave riesgo la representación de minorías y de grupos vulnerables, lo que también ocurriría si, como propone la reforma, se sustituye la figura de los plurinominales por la de primera minoría que ya opera en el Senado, pero que no alcanzaría para equilibrar la balanza. Por otro lado, la disminución del financiamiento a los partidos y al órgano electoral es para la 4T una propuesta viable porque ella por sí misma (vaya soberbia) garantiza la legalidad y equidad de los comicios y sus millonarios presupuestos pueden orientarse hacia la política social. La oposición, sin embargo, estima que se trata de una maniobra de colonización del órgano electoral, que limitaría, sobre todo, la capacidad competitiva de las fuerzas políticas que representan a las minorías.
La reforma electoral no necesariamente acabará con la representación de las minorías, pero sí plantea riesgos significativos al eliminar los plurinominales y priorizar un sistema de primera minoría que podría excluir a partidos pequeños y grupos vulnerables. La falta de mecanismos claros para garantizar la pluralidad -lo que agravaría la exclusión histórica de las minorías- está por encima del argumento de la 4T de austeridad en el financiamiento electoral y de mayor cercanía con los electores.
