Varios indicadores internacionales miden el avance o la percepción en el combate a la corrupción. Uno de los más reconocidos es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que evalúa cómo se percibe la corrupción en el sector público en 180 países. En 2024, México ocupó el lugar 140 con una calificación de 26/100, su peor calificación histórica, reflejando un retroceso respecto a 2023, cuando ocupó el deshonroso lugar 126, con una calificación de 31/100. Dinamarca, el país mejor calificado, obtuvo una calificación de 90/100.
Otro indicador clave es el "Control de la Corrupción" del Banco Mundial (2023), el cual mide cómo los gobiernos gestionan y combaten la corrupción en el ejercicio del poder público. Basado en encuestas y datos de instituciones, utiliza un rango de -2.5 (peor desempeño) a 2.5 (mejor desempeño). México se ubicó en -1.02, lo que indica un desempeño bajo, mientras que Dinamarca alcanza 2.38, evidenciando un control sólido sobre la corrupción.
Asimismo, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) elaborado por la Americas Society y Control Risks (2023), evalúa la capacidad institucional real para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en América Latina. México ocupó el lugar 12 de 15 países, con un puntaje de 3.87, por debajo del promedio regional.
Este retroceso en los indicadores coincide con las noticias diarias sobre corrupción: contratos otorgados a personas cercanas a políticos influyentes, excesivos sobrecostos en obras públicas, compras a precios fuera de mercado, contratos a empresas sin experiencia, huachicol fiscal y nexos con el crimen organizado, son solo algunos ejemplos. A la par, se ostenta sin pudor la riqueza: casas y vehículos de lujo, múltiples propiedades o patrimonios inexplicables, hijos estudiando en el extranjero, joyas, etc. Esto no es nuevo, históricamente una gran parte de la clase política así se ha comportado -"político pobre es un pobre político" decía Carlos Hank González-, pero el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador abanderó el combate a la corrupción y la austeridad, y terminó abriendo la puerta a quienes encontraron impunidad a cambio de obediencia.
En este escenario, los resultados que presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF), evidencian una alarmante inacción para sancionar servidores públicos corruptos. Considerando las auditorías a los años 2017 a 2022 realizadas bajo la responsabilidad del actual titular, las denuncias penales pasaron de 90 sobre la fiscalización del año 2017 a 16 en la del año 2020 y apenas dos de los años 2021 y 2022.
Para sancionar faltas administrativas graves, un informe a marzo de este año indica que la ASF remitió 1,234 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de los años 2016 a 2019, -incluye un solo caso de 2019-. Ninguno de los años 2020 a 2023. En promedio la ASF se tarda cinco años para presentar un expediente. Esto debería garantizar casos sólidos; sin embargo, la tasa de resoluciones a su favor es menor al 50%, con apenas 8 servidores públicos sancionados en siete años. ¿Qué le dicen estos datos?
La ASF, lejos de combatir la corrupción ha contribuido significativamente al estado de impunidad y al estancamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Su titular, alineado con líderes políticos que lo protegen, controla personalmente lo que se informa y lo que se denuncia, según su conveniencia. Hoy busca su reelección por otros ocho años y justifica los pobres resultados en una narrativa conveniente "privilegiar la prevención sobre la sanción". Las irregularidades se detectan, pero no se persiguen, perpetuando un ciclo de impunidad institucional.
