Es lamentable que en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hayan preferido reunirse con los acaparadores del agua, mientras siguen ignorando a los grupos sociales históricamente excluidos y despojados del líquido vital, manifestó la Contraloría Nacional Autónoma del Agua en un nuevo pronunciamiento, dirigido esta vez a Efraín Morales López, director general de la dependencia, frente a sus recientes anuncios de que la institución que él encabeza está comprometida con poner orden al sistema de concesiones.
Fechado el 5 de mayo en la Ciudad de México, el pronunciamiento del organismo ciudadano, que aglutina a cientos de agrupaciones defensoras del agua del país, reiteró la urgencia de una Ley General de Aguas que sustituya a la neoliberal salinista Ley de Aguas Nacionales (LAN).
"Nos preocupa profundamente la negativa reiterada de la Conagua a colaborar con las contralorías autónomas para identificar, corregir y dar seguimiento transparente a las irregularidades reportadas", subrayó, por lo que solicita una respuesta pública y clara ante una serie de interrogantes.
La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, ha fomentado una estructura legal que facilita el sobre concesionamiento, el acaparamiento y el despojo de derechos de agua, especialmente en perjuicio de comunidades originarias, campesinas, ejidales y colonias urbanas que han sido históricamente excluidas del acceso equitativo, asequible y saludable al agua como bien común e indispensable para la vida, dice el pronunciamiento.
Dicha ley permite y facilita la compra y venta de concesiones -mercado de agua-, beneficiando principalmente a los grandes usuarios y facilitando su concentración en pocas manos.
"Ésto ha dado lugar a lo que denominamos hidrocracia. Es lamentable que los funcionarios hayan preferido reunirse con los acaparadores del agua, mientras siguen ignorando a los grupos sociales excluidos y despojados del líquido vital".
Esa ley vigente (LAN), obstaculiza la prevención y corrección de abusos, debido a la alta capacidad litigiosa de los concesionarios frente al limitado personal legal y técnico del gobierno del agua, la Conagua.
Genera, además, condiciones de opacidad, dificultando la fiscalización y permitiendo decisiones discrecionales en la asignación y renovación de concesiones.
Por ello, la contraloría nacional autónoma insiste en la necesidad de "avanzar hacia una Ley General de Aguas justa, participativa y transparente, que contemple mecanismos de contrapeso social y comunitario".
Y considera el trabajo de las contralorías autónomas del agua como base para la colaboración.
Desde noviembre de 2024, las contralorías estatales, regionales y la nacional entregaron a las oficinas centrales de la Conagua y a sus organismos de cuenca, listas detalladas de irregularidades detectadas en los registros de concesiones, usos y disponibilidad del agua en sus territorios.
Este esfuerzo fue realizado con el objetivo de visibilizar la información ante la ciudadanía, "ya que es un tema muy poco conocido por la ciudadanía, los pueblos originarios y las comunidades rurales, urbanas y núcleos agrarios".
Además, para establecer canales y mecanismos reales y efectivos de colaboración institucional en el marco del Acuerdo Nacional por el Agua. "Para ello hemos propuesto a nivel nacional, regional y estatal mesas de trabajo que garanticen esta dinámica".
Y contribuir, desde la sociedad organizada, a la mejora de la gestión pública hídrica y, a ir construyendo, con la participación social en los territorios, un buen gobierno del agua.
Reitera la Contraloría Nacional Autónoma del Agua su disposición y propuesta de "trabajar juntamente con la Conagua, investigadores, académicos, organizaciones, colectivos y comunidades que han documentado estas problemáticas durante décadas".
Ante la falta de voluntad institucional, dicha contraloría nacional autónoma solicita a la Conagua una respuesta pública y clara a las siguientes preguntas urgentes.
-¿Por qué, hasta la fecha, la Conagua no ha registrado el Título de Derechos al Agua del Pueblo Yaqui, consensuado entre sus autoridades, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la propia Conagua desde 2022?
-¿Qué justifica la respuesta negativa a nuestras solicitudes para transparentar las listas de concesiones irregulares anunciadas en "Las Mañaneras del Pueblo" por la Dirección General de la Conagua?
-¿Por qué la Conagua continúa evitando la colaboración con las contralorías, a pesar de que representan un esfuerzo legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana y contraloría social?
-¿Por qué en grandes proyectos de saneamiento, como los de Tula y el Atoyac, no se ha convocado ni aceptado la participación de investigadores, organizaciones y comunidades que llevamos décadas trabajando en los territorios?
-¿Por qué la falta de acción por parte de la Conagua ante los enormes volúmenes de desechos que se vierten diario en ríos, así como en el acuífero kárstico yucateco, altamente vulnerable a la contaminación?
"Se estiman 12 mil toneladas de heces, orines y fármacos diarios sólo de la industria porcícola en 86 municipios de Yucatán y en donde el 60% ni siquiera cuenta con permisos de descarga de aguas residuales".
La contraloría autónoma exhorta al Gobierno de México y a las instancias responsables de la administración del agua, a corregir este rumbo y a tomar en cuenta las propuestas desde los territorios, pueblos, comunidades y academia.
El país exige una transformación real en la política hídrica -dice-, y no será posible sin la participación desde las comunidades urbanas, rurales y núcleos agrarios, sin transparencia y sin voluntad de diálogo con quienes han defendido el agua durante décadas.
¿Habrá respuesta?
El 30 de abril terminó otro periodo legislativo del Senado sin Ley General de Aguas.
@kardenche
