Días atrás se publicó una nota periodística en la que habitantes del municipio de San Pedro de las Colonias denunciaban la desigual distribución del agua para usos domésticos, señalan las penurias que sufren para acceder a las pocas fuentes de agua disponibles: pipas o garrafones, porque las restringidas redes de agua urbana no proveen este preciado líquido, donde algunas fuentes de abasto se ubican en sitios fuera de la jurisdicción municipal, como ocurre con la zona norponiente que proviene de pozos ubicados en el municipio vecino de Francisco I. Madero.
Este ejemplo ya no es solo común en municipios como este de nuestra Comarca Lagunera, sino que se ha generalizado en gran parte del país y constituye uno de los indicadores de la crisis hídrica apenas reconocida por este gobierno federal (los anteriores la evadieron olímpicamente). En esta región es un fenómeno recurrente en una cantidad considerable de colonias (populares y residenciales) y comunidades rurales.
Probablemente este fenómeno tiene antecedentes de tiempo atrás, ya que siempre han existido poblaciones que no han tenido acceso al agua para usos domésticos, en gran parte producto del propio crecimiento urbano desordenado de las ciudades en México, sobre todo en asentamientos humanos irregulares, aunque también en comunidades rurales marginales, pero el desabasto se ha agudizado durante los últimos años no solo por el crecimiento demográfico o su concentración en las grandes urbes, sino también por la forma en que se ha gestionado el agua.
Un factor decisivo que ha influido en estos hechos ha sido el cambio que se dio en el marco normativo y en las políticas públicas en la materia, en particular a partir de 1992 con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, que priorizó el uso del agua con fines mercantiles con el propósito de crear mercados de agua y que fueran los usuarios, vigentes o nuevos, que tuvieran mayor capacidad económica quienes accedieran a este recurso mediante la asignación de concesiones y volúmenes. Prácticamente, el acceso al agua ocurre como si se concurriera a un tianguis en el que se les concesiona a los usuarios mas solventes que terminaron acaparándola, ocurriendo un proceso de privatización de facto del agua aún cuando legalmente sigue considerándose como un bien público.
Eran los tiempos en que campeaba el discurso neoliberal dominante de que se decía que la economía debía regirse por las fuerzas del mercado, a sabiendas de que este era dominado por las grandes corporaciones empresariales privadas, las cuales resultaron ser las grandes beneficiarias del agua disponible, en detrimento de otros usos y usuarios, entre ellos los propios habitantes de las ciudades y comunidades rurales. La Laguna es un ejemplo claro de esto, donde la mayor parte de las concesiones y volúmenes de agua son acaparadas por grandes usuarios, principalmente agrícolas, que la utilizan como insumo en los procesos productivos, mientras las familias padecen el desabasto, aunado a la ya crónica contaminación que presenta el agua del subsuelo.
El panorama resultante de la gestión del agua que derivó de los cambios normativos de 1992 creo una brecha mayor en la desigual distribución social del agua, más allá de que el uso de este recurso se concentre en las actividades económicas en detrimento del uso urbano doméstico y ambiental, que si bien ya no se diferencia entre áreas residenciales o populares, finalmente la brecha se acentúa entre los usuarios que tienen mayor o menor capacidad económica para acceder a las formas disponibles, sean pipas o garrafones, como los habitantes de San Pedro que hicieron la denuncia mencionada al inicio de esta columna.
Estamos ante un hecho que en el discurso jurídico y social se ha denominado Justicia Hídrica. Esta narrativa que realmente no es nueva ya fue abordada en Naciones Unidas al declarar el Derecho Humano al Agua, o por el Acuerdo de Escazú, aún no ha sido incorporada en la legislación de aguas por persistir la obsoleta ley de 1992, por lo que el tema es y seguirá siendo crucial en el cambio en la gestión del agua en México para enfrentar la crisis hídrica nacional.
Ya son muchos los conflictos derivados de la gestión mercantil de este recurso: las afectaciones a los pueblos originarios de sus fuentes de agua, el desplazamiento de miles de pequeños productores rurales de sus derechos individuales de agua en los distritos de riego, las afectaciones de poblaciones rurales y urbanas por la contaminación de cuerpos de agua ante inexistentes o deficientes sistemas municipales de saneamiento de aguas residuales, los problemas de desabasto mencionados como el que sucede en La Laguna, por mencionar otros.
Este tema de Justicia Hídrica cada vez está siendo más abordado en las comunidades académicas y de gremios profesionales como los abogados, es el caso del conversatorio que convoca para este día miércoles 7 de mayo, la Asociación Civil Alzando Voces, con la participación de expertos en la materia (HTPPS//FORMS.GLE/HULHNOOYBUSW7YG7), donde se pretende revisar cómo se implementa en el sistema jurídico mexicano.
