En México, la idea de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue, en su momento, muy seductora al oído. En el imaginario colectivo representaba empoderar al pueblo, democratizar la justicia y acabar con las élites jurídicas, pero en la práctica, el ejercicio fue totalmente desdeñado por los ciudadanos. En realidad, quienes acudieron a las urnas fueron los integrantes de la estructura del partido en el poder: sus ocho millones de militantes, sumados a algunos ciudadanos que participaron por curiosidad -miles de ellos orientados por "acordeones" prohibidos- o con la convicción de que esto en verdad podría mejorar la impartición de justicia en nuestro país.
De casi 100 millones de posibles votantes -tomando en cuenta que no pudieron participar los mexicanos en el extranjero-, apenas asistieron a las casillas 13 millones, de los cuales al menos tres millones anularon su voto, es decir el voto efectivo llegó apenas al 10% de los votantes posibles. Este escenario queda muy lejos de los 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum en 2024, y de ninguna manera reflejó la supuesta "demanda del pueblo" por elegir a jueces, ministros y magistrados por voto popular, como tanto repitió López Obrador para justificar lo que muchos consideran su venganza política. Hoy, lo que está latente es el enorme riesgo de convertir al Poder Judicial en un apéndice más del poder.
Ninguna de las democracias consolidadas del mundo elige a sus jueces por voto directo; ni Alemania, ni Francia, ni Reino Unido, ni Canadá. En todos estos países, los ministros y magistrados son designados mediante mecanismos que buscan el equilibrio: participación del Ejecutivo, sí, pero con filtros técnicos y contrapesos legislativos.
Quienes defienden el modelo de elección directa suelen mencionar a Estados Unidos, pero omiten decir que incluso allá los jueces de la Suprema Corte no son electos, sino nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Es cierto que en algunos estados se vota por jueces locales, pero esa práctica ha sido duramente criticada; ha llenado las cortes de magistrados financiados por intereses privados, obligados a hacer campaña como si fueran políticos. ¿Eso es lo que queremos replicar en México?
El único país latinoamericano que ha implementado algo similar es Bolivia. ¿El resultado?: altísimo porcentaje de votos nulos, escaso conocimiento ciudadano sobre los candidatos -como ya se vio aquí- y una justicia cada vez más controlada por el oficialismo. Paradójicamente, ahora que su autor y promotor, Evo Morales, ya no tiene mayoría en el Congreso, ¡quiere revertir esa reforma! ¿Algo de esto nos suena conocido?
Finalmente, la SCJN quedará integrada exactamente por quienes fueron promovidos en los "acordeones" del partido, sin una sola sorpresa, salvo la presidencia, que los morenistas querían para la ministra Lenia Batres y que terminó en manos del abogado indígena Hugo Aguilar.
En fin… Solo nos queda esperar que algunos de ellos no teman decirle "no" al poder; que defiendan los derechos, incluso cuando el gobernante los ataque; que apliquen la Constitución, no la ideología del día.
Deben tener claro que fueron electos mediante clientelismo electoral, acarreos y engaños, por lo que ahora les toca demostrar que no arrastrarán la justicia al lodazal de la política, porque los necesitamos por encima de ella.
No entreguen la toga por votos o simpatías. Defiendan nuestros derechos incluso en la soledad.
Prometieron que, con un Poder Judicial electo por voto popular, todo mejoraría. Jueces, magistrados y ministros demuestren de qué están hechos, porque según México Evalúa, la impunidad se mantiene por encima del 90%. Específicamente en 2023, solo siete de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales contaron con una resolución, lo que implica una impunidad del 93.63%.
En el ámbito de la corrupción, la impunidad alcanza 92%, ya que de cada 100 actos, solo 29 son denunciados y tan solo ocho tienen alguna consecuencia.
La corrupción dentro del Poder Judicial también contribuye a esta impunidad, pues influye en las decisiones judiciales y en la ausencia de sanciones para los responsables de delitos.
La toga no es un premio ni un disfraz de poder. Es un compromiso con la justicia. Hoy les toca, ministros y ministras, demostrar que están a su altura.
@azucenau
