Jericó Masso advierte riesgo financiero por recorte de 300 mil MDP
Un recorte estimado de 300 mil millones de pesos al presupuesto federal para 2026 pondría en riesgo la operación financiera de estados y municipios, advirtió el Diputado Federal Jericó Abramo Masso, quien urgió a revisar el actual esquema de distribución de recursos públicos.
El legislador coahuilense sostuvo que México atraviesa un escenario fiscal comprometido, derivado de un alto nivel de endeudamiento acumulado y de los compromisos financieros heredados por megaproyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
“La presidenta Claudia Sheinbaum recibe una estructura presupuestal presionada por decisiones del pasado. Está obligada a cubrir obligaciones que no generó, pero que limitan su margen de maniobra”, señaló Abramo Masso.
Ante este panorama, el Diputado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual busca modificar la distribución actual de los ingresos nacionales. En el modelo vigente, el 80% de los recursos se concentra en el gobierno federal, mientras que solo el 20% se reparte entre los gobiernos estatales y municipales.
La propuesta, conocida como reforma 79-21, pretende elevar un punto porcentual la participación de las entidades federativas, permitiendo así una mayor autonomía financiera local en un contexto de alta presión económica.
“Es un ajuste técnico, pero de alto impacto para las regiones. No se trata solo de dinero, sino de capacidades reales para enfrentar los efectos de la inflación, atender rezagos sociales e impulsar infraestructura básica”, apuntó el legislador.
Abramo Masso subrayó que el rediseño fiscal es importante para fortalecer el federalismo, sobre todo en un momento en el que los gobiernos subnacionales enfrentan demandas crecientes de sus comunidades y disminución de ingresos reales.
Finalmente, hizo un llamado a todas las bancadas del Congreso de la Unión para que respalden este cambio, alertando que de no realizarse ajustes al modelo actual, el país podría enfrentar mayores desigualdades territoriales y una parálisis de programas esenciales en las entidades.
