"Hoy por primera vez empiezo a ver brillar la justicia". Así se expresó Israel Vallarta al salir del penal de El Altiplano ayer por la mañana, tras recibir una sentencia absolutoria en un juicio de 19 años en primera instancia. El caso no es extraordinario, lamentablemente condensa los grandes males del sistema de justicia penal en México y las expresiones más autoritarias del poder del Estado.
En una democracia funcional en la que existe un sistema legal básico que controle los abusos del poder público, una persona bajo investigación y en juicio es encarcelada de manera excepcional. La prisión preventiva existe sí, pero cuando se justifica su utilización, con la deliberación de un juez y la posibilidad de revisar la privación de libertad cuando se ha prolongado o se ha vuelto innecesaria.
En México la excepción es la regla. La cultura institucional de las fiscalías y las corporaciones de seguridad ha llevado al uso indiscriminado de la prisión preventiva, incluso con un sesgo clasista al castigar la pobreza. Más grave aún, el Congreso de la Unión con la participación casi unánime de todas las fuerzas políticas constitucionalizó la prisión preventiva oficiosa, una medida violatoria de derechos humanos que obliga a encarcelar sobre la única base de la clasificación legal de la Fiscalía. Las reformas de 2008, 2019 y 2024 han restaurado su poder discrecional al entregarles el poder de decisión sobre la libertad de las y los ciudadanos.
Por este hecho el Estado mexicano recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, se encuentra en desacato. Hace unas semanas escribí que, si el sistema penal respondiera a principios democráticos, Israel Vallarta habría sido liberado hace bastante tiempo. En una mesa de análisis con la periodista Elia Almanza señalábamos que había tres vías para su liberación: la sentencia absolutoria, la cual ha acontecido; el sobreseimiento de la Fiscalía o atender la recomendación del Comité contra la Tortura de la ONU.
Si el encarcelamiento por 19 años ya había adquirido un carácter arbitrario y una sentencia anticipada por su duración, el atropello institucional era agravado por el hecho de estar en proceso a pesar de la acreditación de la tortura cometida en su contra. Aunque esto no implicaba exonerarlo, sí ameritaba la exclusión de pruebas y alternativas a la prisión, como lo recomendó en dos ocasiones en los últimos 4 años el Comité contra la Tortura. Apenas hace unas semanas, un Tribunal concedió un amparo a Vallarta para que las recomendaciones del Comité fueran analizadas en una audiencia, lo que había sido obstaculizado por múltiples impugnaciones de la FGR.
El último evento que evidencia la desviación de poder en su contra, es decir, realizar actos con apariencia de legalidad, pero con un propósito ajeno a la correcta actuación de las instituciones, fue realizado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, al reconocer en la conferencia de la presidenta Sheinbaum que el caso era "un montaje".
Esto resultaba suficiente para que la FGR se desistiera de la acusación. Sin embargo, en contra de la buena fe y legalidad, la misma institución respondió que las declaraciones no constituían un posicionamiento oficial. La procuración de justicia en México implica riesgos como ser detenido arbitrariamente, colocado en un escenario de un supuesto delito, ser acusado falsamente procesal y mediáticamente hasta llegar al punto de que la cabeza de la institución reconozca la arbitrariedad, para al día siguiente volver a desentenderse y solicitar 200 años de prisión, como pretendía la FGR se sancionara a Vallarta.
La fiscalía no solo ha perdido un caso, ha sido evidenciada como una institución que abusa del poder y del sistema legal. Con la absolución de Israel Vallarta, hay una condena implícita, a las prácticas autoritarias de las autoridades del país. Aquellas que utilizan la detención arbitraria, la tortura, la coacción a testigos, el linchamiento mediático. Las que amparadas en la prisión preventiva oficiosa emplean una estrategia de desgaste que orilla a las personas a elegir entre defenderse o perder su vida en las prisiones. Israel Vallarta se encuentra libre, contemplando el brillo de una justicia que llega a su vida 20 años tarde.
* Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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