Investiga FGE acusación de tortura de sus agencias de la AIC
El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro, Miguel Ángel Medina Torres, negó que elementos de la corporación practiquen torturas o abusos contra detenidos.
Dijo sin embargo que se investigará la acusación que está en la carpeta de investigación luego que un juez ordenó aplicar el Protocolo de Estambul por los señalamientos de una detenida que acusó a dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal.
Aclaró que las recientes acusaciones por supuestos golpes y uso de bolsas en la cabeza carecen de sustento, y que todo procedimiento se apega estrictamente a derecho.
Medina Torres afirmó que, en dicho caso de robo en el hotel Holiday Inn, únicamente dos personas están implicadas formalmente y descartó la existencia de un tercer involucrado como se rumoró.
Subrayó que la carpeta de investigación lleva un mes integrada y que el juez otorgó tres para reunir pruebas y testimonios correspondientes al proceso.
“Si hay una denuncia por maltrato, aplicaremos el Protocolo de Estambul, pero los acusadores deben demostrarlo con evidencia”, puntualizó el delegado en entrevista con medios locales.
Aseguró que las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y que, en caso de requerimiento judicial, las grabaciones serían entregadas para sustentar la investigación correspondiente al caso.
El funcionario reiteró que la Fiscalía trabaja con ética y racionalidad, por lo que no tolerará prácticas que violen derechos humanos en la Región Centro de Coahuila.
Refirió que algunas personas suelen acusar de golpes o extorsiones sin pruebas, y que cualquier señalamiento deberá ser documentado para proceder conforme al marco legal vigente.
Enfatizó que la defensa de los acusados también cuenta con tiempo suficiente para presentar pruebas y deslindarse de los señalamientos durante el plazo otorgado por el juez.
Finalmente, Medina Torres insistió en que el trabajo de la Fiscalía se realiza con transparencia, apego a la ley y apertura a colaborar con las autoridades judiciales competentes.
