Indignación por nómina filtrada en AHMSA; obreros sin salario tras años de espera
La difusión ilegal de una nómina de seguridad industrial de Altos Hornos de México (AHMSA), con sueldos por más de 4.8 millones de pesos, encendió protestas entre obreros que no han recibido pago alguno desde hace casi tres años.
La lista revela percepciones estratosféricas, como 189 mil pesos mensuales para una persona, y otras de 142 mil y 29 mil pesos. Obreros calificaron estos montos como inmorales mientras ellos sobreviven con chambitas informales.
El jefe de vigilancia, de apellido Acosta, jefe de seguridad cobra 200 mil pesos mensuales pero afirma a los obreros que realiza sus labores sin percibir salario alguno.
El caso ha reactivado críticas al síndico de quiebra Víctor Manuel Aguilera, acusado de favorecer a su equipo administrativo con elevados ingresos en lugar de priorizar recursos para los trabajadores.
Documentos previos evidencian pagos millonarios a directivos
En marzo de 2025, obreros evidenciaron pagos millonarios hechos al síndico Aguilera por más de 22 millones de pesos a través de firmas de consultoría, y 5 millones de dólares al ex presidente del consejo, John Abbot.
Además, trabajadores organizaron estrategias legales y presionaron con documentos para demostrar que mientras ellos no reciben salario, directivos sí cobran sumas exageradas.
Filtraciones y dudas sobre legitimidad de las listas salariales
En julio de 2025, se filtraron listados de trabajadores de AHMSA, lo cual provocó controversia sobre su validez. El síndico aclaró que estas listas incluyen créditos reconocidos, contratos individuales, indemnizaciones y prestaciones, abarcando desde obreros hasta directivos. Aseguró que solicitará ante el juzgado acceso transparente para quienes tengan interés legítimo.
Rezago salarial y apoyo federal
Más de 8,000 ex trabajadores están en espera de salarios y finiquitos, de los cuales aproximadamente 6,000 siguen activos en la empresa al momento del cierre, con pagos pendientes desde hace más de dos años.
Sin embargo, el gobierno federal —liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum— ha sido reconocido por intervenir para priorizar a los obreros en el proceso de liquidación, calificado como nacido de “un acto de corrupción tremendo”.
Indignación generalizada
La participación del gobierno federal podría ser clave para acelerar los pagos a trabajadores, si bien persiste la molestia por los gastos elevados en asesores y nómina administrativa.
La filtración reciente ha reavivado la indignación de los trabajadores, quienes cuestionan las decisiones de Aguilera y exigen transparencia y justicia. A su vez, los antecedentes que evidencian pagos exorbitantes a directivos añadieron peso a su reclamo.
Los obreros exigen que los fondos destinados a elevados salarios de seguridad se redirijan para garantizar sus pagos adeudados. La intervención federal y el proceso legal representan una esperanza, aunque el calendario exacto de pagos aún es incierto.
