En los casos de García Luna y Bermúdez Requena, los dos extremos de nuestra clase política abrazan la misma incongruencia.
uede un jefe no saber lo que hace su subordinado directo? ¿Puede un político no saber lo que hace su brazo derecho? Más aún: ¿puede un Presidente o un gobernador no saber qué hace su secretario de Seguridad Pública? Esta es la pregunta que ha rondado -y, en buena medida, definido- la vida pública mexicana en los últimos años. Y la misma que hoy adquiere, en un nuevo giro, una relevancia crucial.
¿Podía no saber Felipe Calderón que Genaro García Luna, en quien había depositado toda su confianza y a quien encargó su guerra contra el narco -sin duda la acción más importante y, por desgracia, perdurable de su gobierno-, mantenía vínculos ilícitos justo con esos mismos criminales a los que a diario presumía combatir? La pregunta hoy es, por cierto, idéntica: ¿podía Adán Augusto López no saber que Hernán Bermúdez Requena, uno de sus hombres de mayor confianza, en quien depositó las labores de seguridad de Tabasco -el problema más acuciante de su mandato-, mantenía vínculos ilícitos justo con esos mismos criminales a los que a diario presumía combatir?
La mayor prueba de la incongruencia e irresponsabilidad del conjunto de nuestra clase política se halla en la manera en que sus distintos actores han respondido a esta cuestión. Desde que Genaro García Luna fue detenido en Dallas el 10 de diciembre de 2019, acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador y cada uno de sus seguidores, ahora reagrupados en torno a Claudia Sheinbaum, respondieron con un contundente no. Resulta inverosímil -argumentaron una y otra vez- que el presidente de la República desconociera las actividades criminales de una figura tan próxima y relevante para él. Entretanto, el PAN se apresuraba a salir en defensa de Calderón, insistiendo en que el Presidente había sido engañado por su secretario, cuyos tejemanejes jamás llegó siquiera a sospechar.
Frente a la orden de aprehensión que pesa sobre Hernán Bermúdez Requena, identificado por fuentes militares como el Comandante H o El Abuelo y presunto cabecilla del grupo criminal conocido como La Barredora, la oposición en su conjunto apenas tardó en responder a la pregunta inicial con un contundente no: no es verosímil que Adán Augusto López, hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, desconociera las actividades delictivas de quien fuera su hombre fuerte en Tabasco. Entretanto, todo el entorno de Morena se apresuraba a salir en su defensa, insistiendo que el exgobernador había sido engañado por su secretario, cuyos tejemanejes jamás llegó siquiera a sospechar.
Este es el más vivo retrato del México de hoy: un lugar en el que, frente a una situación idéntica -dos policías que traicionaron a los ciudadanos y se pusieron al servicio de aquellos a quienes debían perseguir-, los dos extremos de nuestra clase política se comportan de la misma forma, abrazando la misma incongruencia, solo para salvar a uno de los suyos. Sí: son iguales.
No hablamos de un asunto menor: desde que Calderón lanzara la guerra contra el narco, la violencia se ha vuelto catastrófica: disminuirla o contenerla ha sido la promesa de cada político desde entonces. Para ello, el gobernante en turno debería estar obligado a elegir a la mejor persona posible: la cuestión, como parece deducirse de estos dos casos -y muchos otros semejantes-, es que solo puede enfrentarse a los distintos grupos criminales que controlan el país alguien capaz de negociar con ellos, o de asimilarse con ellos. En otras palabras: parecería que tanto Calderón como López Hernández escogieron a figuras como García Luna o Bermúdez Requena a causa de su flexibilidad y optaron por dejarles las manos libres -con la consigna de no enterarse de sus actos-, siempre y cuando fueran capaces de disminuir los índices delictivos.
Tal vez sea cierto que ni Calderón ni López Hernández sabían de la corrupción de sus brazos derechos, pero lo más probable es que fuera así porque desde el principio prefirieron no saberlo. En cualquier caso, la responsabilidad política debería ser idéntica y, sin duda, uno y otro deberían pagar un altísimo precio por su conocimiento o su ignorancia.
