Imagen: El Universal
La embajada de Estados Unidos en México aseguró el pasado 23 de julio que el petróleo robado en nuestro país se exporta a su territorio, donde se refina y luego regresa por las aduanas. En un video en la red social X, la representación diplomática detalla que primero los cárteles criminales transportan crudo mexicano a Texas a través de ductos o utilizando camiones; posteriormente, intermediarios cómplices lo legalizan y venden a refinerías en Estados Unidos.
A continuación, el refinado se envía de regreso a México oculto o mal etiquetado, falsificando documentos o utilizando empresas fachada para pasar el producto de este lado de la frontera, donde llega a gasolineras mexicanas que lo venden como legítimo.
En el video se señala que esta operación beneficia al crimen organizado al representar una industriamultimillonaria, y añade que muchos compran huachicol sin saber su origen.
“Detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada. Estados Unidos y México están trabajando juntos, lanzando operativos en puertos y aduanas, sancionando empresas y bancos vinculados, y creando nuevos mecanismos decontrol y trazabilidad”, aseguró la embajada.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, detectó que los grupos criminales Cártel del Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación entregan el hidrocarburo robado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, luego del proceso, todo termina comercializado en México, Estados Unidos, Japón, India y otras naciones.
La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) calcula que uno de cada treslitros de combustibles que se distribuyen en nuestro país son de procedencia ilícita.
“No se trata de gestos aislados. La coordinación binacional, las acciones judiciales concretas y la creciente presión sobre los actores del mercado informal indican que se está abriendo una ventana real para avanzar contra este fenómeno. Un tema que por años fue ignorado o minimizado hoy comienza a recibir la atención y respuesta que exige, algo que hasta hace poco sonaba a simple promesa política”, dijo al respecto el consultor de QUA Energy, Marcial Díaz Ibarra.
INCAUTACIONES
El erario público reporta una fuga promedio de 56 millones de pesos sólo por las tomas clandestinas, sin contar el huachicol fiscal y las mezclas ilegales, de acuerdo con datos de Pemex y de Transparencia.
Las autoridades mexicanas mantienen abiertas carpetas de investigación en las que vinculan a empresas en el mercado ilegal de combustibles, aunque hay pocos detenidos tras los decomisos.
No obstante, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya decomisó más litros de hidrocarburos en los primeros nueve meses de su administración que lo que se aseguró en los gobiernos de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.
Según cifras proporcionadas por Pemex, de 2019 a 2024 se incautaron sólo 46.1 millones de litros de crudo robado.
Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la cifra ha sido de 69.3 millones de litros de combustible, lo que representa 50.4 por ciento más de lo asegurado con López Obrador.
ADEUDOS A TOPE
El huachicol es uno de los mayores lastres para Pemex, cuyas finanzas apenas se sostienen debido a las enormes deudas acumuladas.
Claudia Sheinbaum anunció a finales de julio una operación financiera por nueve mil 500 millones de dólares para ayudar a la empresa estatal a pagar los vencimientos, amortizaciones e intereses que tenía que cubrir este año.
En una conferencia de prensa matutina, la presidenta aseguró que el esquema anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es algo “muy trabajado” que tiene como principal objetivo “apoyar a Pemex” como se ha hecho en otras ocasiones.
El comunicado de la SHCP confirmaba la emisión de Notas Pre-Capitalizadas para fortalecer la liquidez de la empresa y atender sus vencimientos de deuda de corto plazo.
Según Hacienda, el respaldo financiero se da en cumplimiento de la Ley Federal de Deuda Pública y otras disposiciones legales, y forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para garantizar la seguridad energética y el desarrollo económico nacional.
Tras el anuncio, la calificadora estadounidense de riesgo crediticio Fitch Ratings colocó en observación positiva las calificaciones de Pemex, bajo la denominación Rating Watch Positive (RWP). No obstante, Fitch mantuvo su evaluación del perfil crediticio individual (PCI) en CCC-, al citar preocupaciones por su alta deuda estimada en 101 mil millones de dólares al primer trimestre de 2025, bajo flujo de caja, pérdidas operativas y una estructura financiera frágil.
A finales de abril, Pemex confirmó pérdidas por 43 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2025, atribuidas a una caída en las ventas y a un “contexto de alta volatilidad global”, según su reporte financiero.
La cifra negativa de la petrolera, la más endeudada del mundo, contrasta con las ganancias de menos de cinco mil millones de pesos durante el mismo periodo en 2024.
Actualmente la empresa suma una deuda con Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, que supera los 700 millones de dólares, según reveló el 22 de julio Arturo Spínola, director de Finanzas y Administración de la firma.
De acuerdo con Spínola, algunos pagos llevan hasta dos años de retraso, y una parte considerable del monto aún no ha sido formalmente reconocida por la estatal, lo que impide su cobro inmediato.
El pasivo pendiente con Grupo Carso representa aproximadamente una tercera parte de la cartera total de la compañía. La situación refleja una problemática más amplia en las finanzas de Pemex, pues al primer trimestre de 2025, la compañía acumulaba adeudos con proveedores por 404 mil millones de pesos.
En junio, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) alertó que diversos proveedores no podrían seguir operando a partir de julio debido a la falta de pagos.
La patronal Coparmex, por su parte, denunció actos de corrupción al interior de la petrolera para liberar pagos, lo que ha agravado la crisis de liquidez de pequeñas y medianas empresas en estados como Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Asimismo, compañías agrupadas en el Consejo de la Fuerza Laboral y Tecnología Energética (EWTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pago de mil 854 millones de dólares por adeudos de Pemex.
De acuerdo a una carta enviada a principios de julio, “los miembros del Consejo tienen una larga trayectoria operando en México y mantienen su compromiso de seguir haciéndolo. Sin embargo, los proveedores de servicios no pueden seguir operando bajo una incertidumbre financiera tan extrema”.
El robo y comercio ilícito de combustible representa una amenaza significativa no sólo para la seguridad energética de México, sino también para las finanzas públicas y la estabilidad de la petrolera. Aunque la coordinación con Estados Unidos y las incautaciones recientes han aumentado, el fenómeno persiste con impactos económicos y sociales.
Para que los avances sean más que solucionestransitorias, será fundamental consolidar mecanismos sólidos de trazabilidad, aumentar la eficacia judicial, y fortalecer una reforma estructural que garantice la viabilidad financiera de Pemex a largo plazo.
