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Guardias de AHMSA recuperaron el acceso por Punto Cero

Guardias de AHMSA recuperaron el acceso por Punto Cero

Guardias de AHMSA recuperaron el acceso por Punto Cero

SERGIO RODRÍGUEZ

Guardias de seguridad de Altos Hornos de México (AHMSA) rompieron el bloqueo instalado por obreros en el acceso conocido como Punto Cero y recuperaron el control del lugar.

El desalojo se realizó la mañana de este martes, cuando un grupo numeroso de elementos de vigilancia retiró llantas, un contenedor de basura y demás objetos utilizados para obstruir la entrada. El acto generó tensión entre los trabajadores en protesta, quienes denunciaron agresiones verbales y provocaciones.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, vocero del movimiento de trabajadores en resistencia, señaló que la irrupción ocurrió tras la intervención de la Policía Municipal, que acudió para levantar un acta por el bloqueo.

Según su testimonio, elementos de seguridad industrial se presentaron primero y más tarde arribó personal de vigilancia interna para retirar el cerco instalado por los obreros, sin explicación clara sobre por qué una autoridad civil actuó en un conflicto entre particulares.

Los trabajadores decidieron retirarse ante la superioridad numérica de los guardias, pero advirtieron que permanecerán atentos ante cualquier intento de saqueo o retiro de maquinaria de AHMSA, asegurando que mantendrán la defensa del patrimonio industrial.

Denuncian provocaciones y agresiones durante operativo de desalojo

Valenzuela aseguró que un jefe de vigilancia de la empresa insultó a los trabajadores que custodiaban el punto, incluso intentando grabarlos con su celular para provocar, presuntamente, una reacción violenta.

“Nosotros fuimos con la intención de paz, pero ese jefe de turno se soltó con ofensas. Le pedimos a su superior, Paco Correa, que lo retirara para evitar un conflicto”, declaró el vocero.

Aseguró que aunque solo eran tres los obreros presentes en el punto, había más grupos organizados en otras áreas de la siderúrgica, listos para actuar en caso de agresión. “No queremos mártires, no buscamos choques, pero si no nos respetan, tampoco respetaremos”, advirtió.

Lamentó que, a pesar de haber intentado presentar una denuncia por el desalojo ante el Ministerio Público, esta no fue admitida porque no representan a un sindicato ni a la empresa.

Temen nuevas confrontaciones si continúa el retiro de equipo

Los trabajadores alertaron que el estado de las vías ferroviarias dentro de la planta representa un riesgo latente, ya que fueron saqueadas y les faltan clavos estructurales. Advirtieron que el paso de maquinaria pesada podría provocar una tragedia.

El vocero reiteró que hay denuncias documentadas sobre saqueos ocurridos desde diferentes accesos de la planta, particularmente de motores industriales que han aparecido en redes sociales con precios irrisorios, en comparación con su valor real.

Valenzuela criticó también la supuesta infiltración de trabajadores por parte de la empresa, lo que consideró una traición al movimiento. “No se vale que después de tres años de lucha, algunos se vendan al mejor postor”, expresó.

Señaló que el gasto mensual de 30 millones de pesos reportado para el pago de guardias de seguridad y su equipo es desproporcionado, pues algunos perciben salarios de hasta 150 mil pesos quincenales.

Exigen intervención de autoridades y denuncian abandono

“¿Dónde está la Secretaría del Trabajo? ¿Dónde están los Derechos Humanos? Nadie ha venido a ver por las mujeres pensionadas ni por las familias obreras”, cuestionó.

Valenzuela insistió en que el movimiento es pacífico y busca proteger el patrimonio de la empresa, pero lamentó la indiferencia tanto del gobierno estatal como federal, así como la ausencia de representantes de la Secretaría del Trabajo.

“Luchamos contra un monstruo, pero no nos vamos a dejar. Lo hacemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra dignidad como trabajadores”, concluyó.

La situación se mantiene tensa en el interior de la siderúrgica de Monclova, a la espera de que el miércoles 24 de julio se cumpla el mandato judicial que autoriza la extracción de bienes propiedad de terceros, un acto que los obreros han advertido que no permitirán, bajo ningún motivo.

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