
Futbolistas de Santos, bajo investigación por evasión fiscal
Cinco futbolistas, entre ellos jugadores en activo y retirados del Club Santos Laguna, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a una presunta defraudación fiscal.
El monto total que no habría sido reportado al fisco asciende a 7.4 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo con información publicada por el periódico Reforma.
Las investigaciones derivan de denuncias formales interpuestas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, y se centran en supuestas irregularidades fiscales cometidas entre enero y julio de 2017, periodo en el que se habrían utilizado mecanismos para simular pagos de salario mediante primas de riesgo laboral, con el fin de evadir impuestos.
Los nombres involucrados en las carpetas de investigación incluyen a Jesús Antonio Molina Granados, Ulises Alejandro Dávila Plascencia, Néstor Alejandro Araujo Razo, Néstor Calderón Enríquez y José Javier Abella Fanjul. Las cantidades señaladas en cada caso varían desde los 747 mil pesos hasta los 2.3 millones. Según el periodista Abel Barajas, autor del reportaje en Reforma, la FGR ya solicitó datos bancarios, informes financieros y la localización de los domicilios actuales de los involucrados.
El caso también alcanza al empresario Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi —propietario de Santos Laguna—, quien ha sido declarado prófugo luego de no acudir a una audiencia judicial en la que debía responder por una acusación de defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos. Las autoridades señalan que los esquemas de evasión estarían ligados directamente a prácticas implementadas dentro del club.
En respuesta a la orden de aprehensión contra Irarragorri, el director general de Grupo Orlegi, Alfonso Villalva, declaró al medio deportivo Marca que el litigio legal se limita exclusivamente al Club Santos Laguna, sin afectar a otras franquicias del consorcio, como Atlas o el Sporting de Gijón. También afirmó que la organización está dispuesta a colaborar con las autoridades durante el proceso judicial.