FGR asegura mina de carbón y maquinaria en Sabinas, Coahuila
Una mina de carbón fue asegurada este miércoles por autoridades federales, durante un operativo realizado entre las villas de Agujita y Cloete, municipio de Sabinas, Coahuila.
Según una investigación del junio de 2022, de Francisco Rodríguez y Omar Saucedo para el Border Center for Journalists and Bloggers la empresa Coal del Norte es propiedad de Urbano Gerardo Santos Múzquiz, quien fue líder de la Unión Nacional de Productores del Carbón, y de José María Rodríguez López.
La empresa, que es investigada desde hace varios años por daños ambientales y ha eludido pagar varias multas por eso, en esta ocasión fue intervenida por explotación ilícita de carbón mineral.
En 2018 esta empresa recibió un contrato de la CFE por 76.9 millones de pesos y un año después se le abrió el expediente en Conagua por daños ecológicos, que finalizó sin sanción económica. A pesar de esto, en 2020 volvió a recibir otro contrato de la paraestatal, ahora por 15 millones.
La Conagua no multó a Coal del Norte, pero la Profepa tiene registro de tres multas en 2017, 2018 y 2020 por un monto acumulado de 156 mil 670 pesos.
El cateo de este miércoles a la minera incluyó el retiro de carbón y maquinaria pesada en el tajo intervenido por la FGR.
El operativo fue encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área.
La mina de carbón se localiza a un costado de la carretera federal 57 y operaba, al parecer, de manera ilegal, sin registro oficial ni permisos ambientales.
Se aseguró equipo de extracción, cargadores frontales, carbón mineral y otros vehículos industriales.
La maquinaria fue trasladada bajo resguardo a Grúas Salas, a disposición de sede regional la FGR en Monclova, donde se integra una carpeta de investigación por explotación ilícita.
Aparentemente no hubo detenidas durante la diligencia, ni trabajadores o encargados directos del sitio intervenido.
Investigan presunto delito de explotación ilícita
Peritos de la FGR participaron en la intervención para levantar evidencia física en el lugar, como parte del procedimiento de integración de pruebas periciales.
Las autoridades federales mantienen bajo reserva los detalles del caso por tratarse de una investigación en curso, sin datos abiertos sobre denunciante inicial.
Sin embargo trascendió que la orden de cateo fue por explotación ilícita, y no por impacto ecológico al medio ambiente.
La diligencia fue documentada por medios periodísticos locales con escasa información de los hechos.
Hasta ahora, el Ministerio Público Federal que coordinó el operativo no ha emitido declaraciones públicas ni comunicado oficial sobre las acciones realizadas en esta mina de carbón.
Versiones locales indican que el tajo operaba a cielo abierto.
