Empleada de la FGE usaba a sus hijos para cometer robos
La Fiscalía General del Estado fincó responsabilidad penal a una secretaria de servicios periciales por el delito de robo agravado cometido dentro de la propia institución, delito en el que presuntamente utilizó a sus hijos menores de edad para consumar el acto ilícito.
Los menores fueron asegurados por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y actualmente permanecen bajo una medida especial de protección en un centro de asistencia social en Monclova.
De acuerdo con la subprocuradora regional de Pronnif, Martha Lucía Herrera Ramírez, la situación es delicada, pues no es la primera vez que los niños son puestos bajo resguardo del Estado. “Es la tercera vez que ingresan al centro de asistencia social en un término de ocho o nueve meses”, precisó la funcionaria.
Explicó que los menores fueron recibidos por la Pronnif una vez que se giró la orden de aprehensión en contra de su madre. En el diagnóstico psicológico aplicado por especialistas se confirmó que habían sido manipulados para participar en conductas delictivas. “Se comprobó que, de una u otra manera, sí habían estado siendo instruidos por parte de la madre para realizar conductas que pudieran ser tipificadas como delito”, señaló.
Actualmente, los niños no cuentan con una red de apoyo familiar adecuada. En anteriores ocasiones, fueron entregados a familiares, pero esa figura de acogimiento no prosperó. “La primera vez regresaron con una familia de apoyo, pero la segunda vez esta los devolvió, y en la tercera ocasión volvieron a estar bajo tutela tras reincidir la madre en actos delictivos”, detalló Herrera Ramírez.
Sin red de apoyo estable
La subprocuradora puntualizó que no existen familiares con condiciones estables para asumir su cuidado, por lo que se mantiene vigente la medida especial de protección. “Seguirán bajo esta medida mientras no se logre una solución viable. No se trata solo de tener familiares, sino que estos cumplan con condiciones de seguridad, estabilidad emocional y entorno adecuado para los menores”, subrayó.
El resguardo tiene una duración inicial de 90 días, con posibilidad de ampliarse por el mismo periodo. Durante ese tiempo, podrían aparecer familiares que reúnan las condiciones necesarias para la custodia, aunque hasta el momento no hay propuestas viables.
Los infantes permanecerán en un centro de asistencia social ubicado en Monclova, donde reciben atención psicológica y cuidados especializados. “Aún es pronto para determinar cuál será su futuro. Por ahora, lo inmediato es proteger su integridad y mantenerlos fuera de cualquier entorno que los exponga nuevamente a violencia o delitos”, afirmó la funcionaria.
Este caso ha generado preocupación entre autoridades y sociedad civil, al evidenciar las consecuencias del entorno familiar disfuncional en el que muchos menores pueden verse atrapados y el papel crucial que juega la protección institucional en su resguardo.
