Casi un siglo atrás, el régimen revolucionario se dio a la tarea de construir una democracia a su medida: un sistema en el que tanto la Constitución como sus leyes secundarias preveían la división de poderes, la libre competencia entre partidos, la posibilidad de alternancia y el respeto al "sufragio efectivo": el lema que en buena medida nos había conducido hasta allí. Pero siempre se trató de una democracia imaginaria: solo existía sobre el papel y sus procedimientos jamás se cumplían en la práctica. El resultado: largas décadas en las que un solo partido -con tres nombres distintos- controló por completo todos los poderes y definió cada candidatura exitosa, al tiempo que impedía, valiéndose de un sinfín de operaciones y triquiñuelas -intimidación, extorsión y fraude de por medio-, que los partidos de oposición pudieran desplazarlos.
Desde entonces, el tránsito de México ha consistido en los esfuerzos de incontables personas por transformar esa democracia imaginaria en una real, donde las elecciones sean en efecto libres, partidos y candidatos compitan en igualdad de circunstancias y se respeten los resultados. Pero no solo eso: también una donde la equidad de la contienda se funde en la transparencia en el funcionamiento y financiamiento de los partidos, los gastos de campaña, su relación con los medios y, en nuestra época, con las redes sociales.
El camino para al fin llegar en el 2000 a la alternancia -uno de los principios básicos de la democracia liberal, mas no el único- fue arduo y penoso y en ningún caso se debió a la voluntad del PRI de abrirse a la sociedad. Se construyeron, así, leyes e instituciones destinadas a garantizar los resultados, pero en un esquema dominado por los intereses partidistas. Hoy contamos con un sistema que, pese a algunos desaciertos y las críticas en su contra, ha permitido la alternancia a nivel nacional ya en tres ocasiones -del PRI al PAN, del PAN al PRI y del PRI a Morena-, y muchas más en el ámbito estatal y municipal. En este sentido, la democracia mexicana se ha vuelto real. Vista desde una perspectiva más amplia, sin embargo, continúa siendo tan imaginaria como en la época de la hegemonía priista: diputados y senadores no representan los intereses de sus electores, sino los de sus partidos; éstos, a su vez, obtienen un ingente financiamiento público que jamás ejercen con claridad.
Hasta el 2000, cada reforma electoral consiguió arrancarle un poco de poder al partido hegemónico; y desde entonces, se volvió un ejercicio en el que los distintos partidos intentaban el equilibrio entre proteger sus propios privilegios y controlar los de sus rivales. Por primera vez, hoy nos hallamos frente a una propuesta de reforma electoral que no proviene de la oposición -y ni siquiera la involucra-, sino de un gobierno que se ha vuelto cada vez más hegemónico. La primera pregunta que uno debería hacerse, pues, frente a la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum y Morena, es: ¿cuál es entonces su objetivo? ¿Qué busca en realidad?
¿Mayor fiabilidad en los resultados? Resulta obvio que no: aun a un costo muy alto, es algo que ya se ha conseguido. ¿Emparejar la contienda entre Morena, sus aliados y los partidos de oposición? Tampoco: una regla maquiavélica básica es que quien tiene poder jamás buscará perderlo. ¿Entonces? Por lo que se infiere de las declaraciones de la Presidenta y de los miembros de la comisión que ha nombrado al efecto -todos, sin excepción, provenientes de su partido-, parecería que el doble objetivo es dinamitar el excesivo poder de los partidos y sus dirigencias y, al mismo tiempo, acotar todavía más los espacios de la oposición. Es decir que, con el pretexto de volver nuestro sistema electoral más eficiente y menos costoso -reduciendo el excesivo financiamiento de los partidos, la discrecionalidad de sus dirigencias y el número de diputaciones y senadurías plurinominales-, en realidad lo que se busca es que nuestra democracia sea otra vez un poco más imaginaria.
