Estoy convencido que la elección de jueces y juezas, magistrados y magistradas así como ministros y ministras es saludable para nuestra cultura política. Es novedoso, es histórico y trascendental. Además, es consistente y coherente con el ideario político de la Cuarta Transformación la cual busca que "la vida pública de México sea cada vez más pública". La elección se llevará a cabo el 1 de junio y es por eso que escribo estas líneas: quiero compartir una reflexión personal sobre por qué estoy convencido de la elección judicial, esperando que con eso pueda convencerlos a ustedes también y decidan ir a votar.
Vamos por partes y empecemos por el principio. El movimiento obradorista (del que soy simpatizante) formó un partido de vanguardia llamado morena (del que soy militante) para modificar las relaciones de poder y lograr lo que denominamos un "cambio de régimen". Nuestro objetivo principal es que el conjunto de reglas y procedimientos que nos hemos dado para identificar, atender y resolver nuestros problemas públicos (las instituciones) tengan siempre como su objetivo principalísimo que las personas puedan ser plenamente felices. Para lograrlo, garantizaremos que todos y todas puedan ejercer derechos como la vivienda digna, la educación de calidad, la salud gratuita y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Lo básico, pues.
Nuestro movimiento tiene claro que muchas cosas (o muchas personas) han impedido que esto suceda en el pasado y por eso nuestro partido ha desarrollado una agenda legislativa y de gobierno que pretende desmontar dichos obstáculos. Desde 2018, con la llegada del Presidente López Obrador, éste ha sido el Norte que orienta el ejercicio del poder político cuando somos gobierno. Nuestro compromiso ha sido lograr que las personas puedan ser igualmente felices y vivir un proyecto de vida en libertad sin importar el código postal en donde nacieron, el material de la cuna que los crió o el apellido que cargan.
Este proyecto es democrático y el proceso sobre el cual lo hemos construido, también. El Poder Ejecutivo fue desprovisto de privilegios e inmunidades tales como el Estado Mayor Presidencial o el fuero. El Poder Legislativo ya no puede construir mayorías parlamentarias a través del perverso incentivo del dinero y el tráfico de influencias gracias a la eliminación por completo de millonarias partidas presupuestarias con las que se compraban voluntades, tal y como sucedió con las fallidas reformas del infame Pacto por México. Bien que mal, cosas han sucedido y dichos sucesos son efectivamente un cambio respecto a la inercia con la que sucedían las cosas desde hace más de 30 años. A muchas personas no les gustan estos cambios y es válido. Sin embargo, hay muchísimos millones más a los que sí. Hasta febrero de 2025, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había sido modificada 841 veces. Entonces, si el Poder Ejecutivo ha enfrentado un proceso democratico, así como también el Poder Legislativo, ¿por qué no someter a la misma transformación al Poder Judicial? Hay muchos argumentos en contra, pero quiero concentrarme en uno en particular, ese que rechaza la legitimidad y relevancia del proceso por un argumento de principio: "los jueces no deben ser votados". Es un error, no sólo porque no hay nada que establezca una prohibición de principio (un juez no deja de ser juez si lo vota el pueblo), sino que también porque en México ya hubo un ordenamiento constitucional que así lo permitía.
En dos siglos de vida independiente y de historia constitucional, la experiencia de una elección para miembros del Poder Judicial se encuentra también en la Constitución de 1857. En el artículo 94 establecía que los ministros de la Suprema Corte serían electos mediante el voto directo de los ciudadanos por un periodo de seis años. Además, el Presidente de la Suprema Corte tenía funciones no sólo judiciales sino políticas ya que era el segundo en la línea de sucesión del Poder Ejecutivo. Después de la renuncia de Ignacio Comonfort en 1858, así fue como Benito Juárez llegó a la Presidencia de la República. No fue sino hasta 1875 que, mediante una reforma constitucional, se estableció que los ministros serían nombrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. Cambios van y cambios vienen siempre y cuando se viva en una sociedad democrática que lo permita.
La mayoría de los países del mundo Occidental han intentado paliar la falta de legitimidad democrática del Poder Judicial mediante el acotamiento de su función. En el Reino Unido, por ejemplo, su Suprema Corte es de reciente creación y está muy enfocada a funciones de casación, es decir, revisar exclusivamente la legalidad de las resoluciones dictadas por tribunales inferiores sin reexaminar los hechos del caso. El auténtico control constitucional lo hace el Parlamento; el poder democrático por excelencia. En cambio, el gobierno de México prefirió solucionar por vía de las causas y no de los efectos: si el problema es la falta de legitimidad del Poder Judicial, démosle más legitimidad, forzando su integración a través de una elección por medio del voto directo, libre y secreto. Esta solución ya sedujo a países como Colombia, cuyo presidente dijo recientemente que exploran la posibilidad de asimilar el modelo mexicano. Muy equivocados están quienes argumentan que las cosas no deben ser de una forma sólo porque nunca antes han sido así. Los grandes retos que enfrentamos servirán para que cada vez funcionen mejor las cosas. La elección extraordinaria de 2025 ofrecerá una experiencia importantísima con la cual se obtendrán muchos aprendizajes que permitirán a las instituciones adaptarse mejor para el siguiente proceso electoral. La democracia no es perfecta, sino perfectible. Es precisamente la incertidumbre que genera el hecho de que (como lo establece el artículo 39 de la Constitución) "el Pueblo tenga en todo el tiempo el inalienable derecho a modificar o alterar la forma de su gobierno" la que nos hace vivir en democracia.
¿El cambio que se avecina será amable y sin tropiezos? Claro que no. Ningún cambio estructural lo es, pero a la larga su misma actualización y vigencia se dará a partir del ejercicio reiterado y sostenido. Para muestra, un botón: la misma elección presidencial de Francisco I. Madero de 1911, la primera que se realizaba con competencia real en más de 30 años, tuvo una participación del 3% del padrón electoral. Su fuerza no estaba en ese momento en los números, sino en la legitimidad de haber sido electo por el voto popular. "Apóstol de la democracia" fue llamado. De igual manera, esta primera elección del Poder Judicial también será la primera iteración de un nuevo modelo democrático que se irá perfeccionando con el tiempo.
El movimiento obradorista apuesta a expandir los límites de lo posible, siempre dentro de los márgenes del respeto a los derechos y libertades. Este domingo habremos de votar por ministros y ministras de la Suprema Corte; del Tribunal Electoral; del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como por magistrados y jueces de Coahuila. No dejemos pasar la oportunidad de participar en la elección del domingo y así someter al último Poder de la República que se resistía a rendir cuentas a la autoridad del Pueblo soberano.
