En el futuro, cuando los historiadores analicen por qué la mayoría de los mexicanos votó por una reforma al Poder Judicial, no podrán dejar de lado el episodio Pérez Dayán.
Sucede que en los últimos días de la Suprema Corte que se va, el ministro ha decidido que su legado será devolverles el país a las compañías mineras canadienses y sus poderosos socios mexicanos.
Estos son los hechos.
A solo unas semanas de que esta Corte cuelgue sus togas negras y diga adiós, el ministro Pérez Dayán tiene como objetivo enterrar la Ley Minera del año 2023 para revivir la Ley Minera del año 1992.
La Ley Minera del 2023 establece salvaguardas detalladas para preservar la calidad, cantidad y acceso al agua en las zonas vulnerables; garantiza consultas libres, previas e informadas a los pueblos originarios en cada etapa de un proyecto de explotación; y restringe el daño a los ecosistemas y áreas protegidas, para evitar la degradación irreversible de las reservas naturales.
En contraste, la Ley Minera de 1992, aprobada en el apogeo de la época neoliberal, otorga tierras y ríos a las corporaciones para su devastación ilimitada bajo la bandera de la "utilidad pública". Tal vez valga la pena acotarlo: "la utilidad pública" se refirió entonces a la utilidad económica de las compañías mineras canadienses, el Grupo México de Germán Larrea y el Grupo Frisco de Carlos Slim.
Según Beatriz Olivera, especialista en actividades extractivas y directora de la asociación Energía y Género, el ministro Dayán no debatirá la bondad de la ley vigente ni tampoco aludirá a las ventajas de la ley anterior.
No tendría materia para hacerlo. El ministro solo aludirá a fallas de procedimiento.
Beatriz Olivera cita las fallas que Pérez Dayán esgrimirá: "No leyeron el dictamen a tiempo", "cambiaron el salón de la votación", "hay fallas de redacción…"
Vaya, se trata de la misma treta legaloide que ya les conocemos los mexicanos a los jueces cuando venden la Justicia al mejor postor. Con esas objeciones formalistas les han desbloqueado las cuentas a criminales de altos vuelos, han liberado un sábado cualquiera a un jefe narco o han encajonado el expediente de un deudor de miles de millones de pesos al fisco, eso a cambio de fortunas depositadas en sus cuentas de banco.
Y la verdad es que el episodio Pérez Dayán tiene todo el sabor tóxico de la corrupción. La elección de la fecha del dictamen en la Suprema Corte, cuando todos desparecerán de la mirada pública en breve, y lo endeble de los argumentos del ministro Dayán, impiden imaginar algo distinto.
Mientras tanto, en los pueblos de Sonora y Zacatecas, las comunidades indígenas olfatean la derrota.
Saben lo que volver a la ley de 1992 significará. El regreso de las mineras, y con ellas más ríos contaminados y tierras más áridas, esos boquetes monstruosos en los montes y el perpetuo olor a petróleo en el aire -y finalmente el éxodo forzoso de comunidades completas.
La moneda aún gira en el aire.
¿Se atreverán los ministros a dar esta prueba final de que son los defensores del Gran Dinero?
¿O se despedirán obsequiándonos una sentencia a favor de los pueblos y la salud ambiental?
Nunca ha sido más clara la diada Dinero-Muerte que en este caso y en general los casos para la extracción ilimitada de recursos de la naturaleza.
Al tiempo. Esta semana que viene sabremos cómo vota cada ministro de la Suprema Corte.
