Centrémonos solo en el asunto más grave: la justicia penal. En México -lo sabemos- se resuelve apenas el 0.5 por ciento de los delitos que se denuncian. Se impone, tampoco hay duda, reformar drásticamente un sistema que, con medio millón de muertes violentas y ciento veinticinco mil desaparecidos desde que Calderón lanzara la guerra contra el narco en 2006, garantiza una impunidad casi absoluta para los perpetradores y una obscena vulnerabilidad para las víctimas. ¿El experimento López Obrador-Sheinbaum, que en unos días producirá la elección masiva de jueces, mejorará así sea en una mínima medida esta descorazonadora situación?
Las razones de la catástrofe son múltiples: nuestro sistema penal, con sus variados y contradictorios ordenamientos, está mal diseñado; el modelo acusatorio, que en teoría debía ser un gran avance, ha sido mal implementado; las policías y los peritos están mal pagados y preparados en un marco legal lleno de lagunas; los ministerios públicos y las fiscalías padecen un sinfín de trabas burocráticas y presiones políticas, así como los constantes amagos del crimen organizado; la corrupción continúa alcanzando todos los niveles; el aumento de los supuestos para la prisión preventiva oficiosa viola sistemáticamente la presunción de inocencia; numerosos jueces son incapaces de escapar de la más ciega interpretación de la ley; y, dígase lo que se diga, la tortura y las violaciones a los derechos todavía son práctica común en incontables ocasiones.
¿Destruir de un plumazo la carrera judicial, eliminar en buena medida su autonomía, elegir a todos los juzgadores por voto popular y de paso eliminar los efectos generales del amparo servirá para mejorar las cosas? En absoluto. ¿Puede empeorar un sistema que garantiza la impunidad en el 95.1 por ciento de los casos? Parecería imposible, pero es muy probable que así vaya a ocurrir y que los niveles de impunidad rocen el cien por ciento. Si de por sí los jueces son solo responsables de una pequeña parte del problema, alterar la manera en que serán elegidos no afectará su desempeño. Por el contrario: hacer que los requisitos para ocupar los cargos judiciales sean mínimos, y en una elección donde los ciudadanos no tendrán la menor idea de por quién votarán, provocará que triunfen muchas personas sin la menor experiencia judicial, acentuará el inmenso rezago y ampliará las presiones políticas y las del crimen organizado.
Incluso donde más urgente era un cambio drástico, el experimento López Obrador-Sheinbaum solo agravará el problema. Afirmar cualquier otra cosa es faltar a la verdad y despeñarse en la más burda demagogia. Si cambiamos la mira a otras áreas, donde los niveles de eficacia eran significativamente más altos, pensemos en las materias familiar y civil, administrativa y laboral, mercantil y de otras materias especializadas, las consecuencias del experimento que se iniciará el próximo 1º de junio serán infinitamente más graves.
De nuevo: la mayor parte de quienes resulten elegidos lo serán por la intervención directa del gobierno, de los gobiernos locales o del partido en el gobierno -y, en ocasiones, por el más puro azar-, o bien, con la financiación oculta del crimen organizado o de grupos u organizaciones con distintos intereses particulares, y solo unos cuantos contarán con experiencia judicial en sus respectivas especialidades. La corrupción o los sesgos políticos no disminuirán, sino que aumentarán de manera exponencial. Y al inmenso rezago que ya existe se sumará una masiva curva de aprendizaje. En conclusión, si en México la justicia penal ya era inexistente, ahora -o al menos durante un largo periodo-, no habrá condiciones para una justicia imparcial y expedita en ninguna otra materia.
Con su delirante experimento -que, con su pésimo diseño, ni siquiera el gobierno ni Morena controlarán del todo-, la reforma judicial dará vida a una criatura monstruosa e inmanejable que pronto se rebelará contra sus creadores. Paradójicamente, el engendro bien podría convertirse en la mayor amenaza para el gobierno de la propia Claudia Sheinbaum.
