Según los datos del INEGI -tras la desaparición del Coneval, ahora la institución encargada de realizar estas mediciones-, durante el sexenio de López Obrador se produjo una importante disminución en la pobreza multidimensional, que pasó de afectar a 51.9 a 38.5 millones de personas. A su vez, la población en pobreza extrema disminuyó de 8.7 a 7 millones. Más allá de las críticas que se han realizado a los criterios de evaluación, se trata de un logro que parecería confirmar el lema que guía los pasos de la Cuarta Transformación: "Por el bien de todos, primero los pobres". Esa fue la premisa que la llevó al poder y la que, seis años después, permitió la amplia victoria de Claudia Sheinbaum.
Las cifras aportadas por el propio INEGI también detallan, sin embargo, áreas en las que no solo no hubo avances, sino graves retrocesos. El número de personas vulnerables por carencias sociales -es decir, por su nivel de acceso a educación, salud, vivienda y servicios básicos- aumentó de 32.7 a 41.9 millones, mientras que la población con al menos tres de ellas creció de 25 a 27 millones. Valiéndose de los mismos datos, no hay duda de que hubo áreas en las que la apuesta por los pobres simplemente no existió.
El caso más dramático se encuentra en el acceso a los servicios de salud. En contra de la baladronada de AMLO según la cual en seis años sería capaz de construir un sistema más eficiente que el de Dinamarca o de su promesa de que todos los ciudadanos del país al fin tendrían acceso a ella, su carencia aumentó de 20.1 a 44.5 millones: más del doble. A su vez, el rezago educativo creció de 23.5 a 24.2 millones. En contraposición, la falta de seguridad social bajó de 66.2 a 62.7 millones y la carencia en la calidad y servicios de vivienda disminuyó de 13.6 a 10.3 millones.
Tratando de dejar a un lado los sesgos ideológicos, el panorama que ofrecen estos datos es bastante nítido y nos da una buena radiografía de la forma como AMLO se empeñó en gobernar. Mientras que los inéditos incrementos al salario mínimo, las ayudas a los adultos mayores y la política de vivienda se alzan como triunfos de la 4T, su política de salud fue catastrófica y su desdén hacia la educación, palpable. Todo ello no es casual. Estos avances y retrocesos no dependieron del apego de la 4T a la agenda de la izquierda o a una visión clara de sus política públicas, sino a un estilo de gobierno marcado únicamente por las intuiciones y caprichos de López Obrador.
Si a él se debe el énfasis en aumentar los ingresos de los sectores más vulnerables, tanto a través del salario mínimo como de una avalancha de apoyos directos -repartidos de forma indiscriminada-, y permitió que sus colaboradores llevaran a cabo una acertada política de vivienda, del otro sus furias personales lo llevaron a destruir el avance más significativo en materia de salud de los gobiernos anteriores, el Seguro Popular. Como tantas veces -del aeropuerto de Texcoco a los organismos autónomos o de los fideicomisos públicos al Poder Judicial-, prefirió desmantelarlo de cabo a rabo antes que reformarlo, condenando a más de 20 millones de personas, entre las más pobres del país, a usar parte de sus sueldos en medicinas y médicos privados o a resignarse a padecer distintas enfermedades sin remedio. La educación, por su parte, jamás fue su prioridad y no le asignó los recursos necesarios -desviados a otros proyectos-, provocando no solo ese notable aumento en el rezago educativo, sino la clara disminución en su calidad.
Además de un retrato de México -un país que continúa siendo profundamente desigual-, también ofrece el diagnóstico de lo que ocurre con un gobierno autoritario aun si se proclama de izquierda: en vez de valerse de estudios y mediciones como esta para dirigir sus acciones, su desprecio a la crítica y su ausencia de autocrítica condena muchas de ellas al fracaso. Como fuere, la disminución de la pobreza multifactorial no es resultado de las medidas antidemocráticas tomadas en paralelo y desde luego no justifica la extrema concentración del poder que Morena exige a cambio.
