De acuerdo con el Informe de la Secretaria de Hacienda sobre las finanzas públicas, el valor del servicio de la deuda total de México alcanzó los 460,550.3 millones de pesos de enero a mayo, superior a la inversión en infraestructura. Financiar el desarrollo del país con dinero ajeno sólo es aconsejable cuando a su vez ello genera los recursos correspondientes para cubrir los intereses de la misma. Hoy día estamos al borde de otro precipicio tan grave como cualquiera de los sufridos en los últimos años del siglo pasado.
La lección que nos deja no tiene que ver con ideologías, solo señala que el crédito, instrumento natural, debe ser utilizado con sensatez de acuerdo con la disposición constitucional. Los gobiernos ansiosos por cumplir metas vistosas sin la debida planeación caen en esta costosa trampa.
La administración actual por vocación populista está cometiendo el mismo error al aumentar la deuda tanto pública como privada más allá de la capacidad productiva del país. La señora presidente Sheinbaum está confiada en que sus llamados al sector empresarial son atendidos con inversiones a la medida que se requiere para generar la solvencia financiera. Convocar a empresarios y solicitarles su apoyo para la realización de su programa de gobierno no es una estrategia eficaz mientras no existan las condiciones que ellos han especificado en numerosas ocasiones. El resultado es el explicable compás de espera en que se encuentra la marcha de gran parte del país. No hay porqué esperar un remedio para la situación mencionada si el empresariado siempre se muestra complacido y hasta agradecido por ser convocado a escuchar a la jefe del Ejecutivo que no utiliza todos los instrumentos de presión con que se cuenta. Toca que los empresarios no apoyarán el programa oficial mientras el gobierno no los incluya en el diseño y realización. Si el gobierno decidiera imponer sanciones a los gobernados renuentes, convertiría al país en un régimen dictatorial de general rechazo popular.
México no necesita esperar a que se produzca un cambio drástico como el que se ha producido en otros países latinoamericanos. El pueblo espera un gobierno que cubra las necesidades desentendidas con una política incluyente que fluiría de la concordia entre gobierno y gobernados. Lo lamentable es que no existan indicios a que esto último suceda. Se menciona con frecuencia que la sociedad civil no ha pasado de expresarse en mítines callejeros y en plazas públicas sin que se hayan perfilado el grupo o el personaje que diera forma a este cambio.
Considerar que las elecciones del 2027 son la última oportunidad, supone que las políticas del gobierno actual estarán vigentes hasta entonces. Algunos piensan que la acumulación de problemas no resueltos tiene un limite en la paciencia popular.
En 1997 la Corriente Democrática lanzada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas abrió las puertas a la evolución de la vida política de México conforme a las necesidades del momento, lo que implicaba romper el modo arbitrario y monolítico del gobierno que imperaba bajo un PRI estancado. La actividad de las múltiples asociaciones cívicas que impulsaron nuevas fórmulas de gobernanza fue la que produjo la serie de entidades como el INE, el Tribunal Electoral, el INAI, que hicieron posible la evolución socioeconómica de México.
Muchos creemos que México vive una situación enteramente análoga en que Morena debe ser sustituida con una concepción políticamente abierta. Corresponderá, desde luego a la sociedad civil como ya lo hizo hace más de 30 años, para apoyar una nueva coyuntura política más acorde a las necesidades del Siglo XXI.
El precario estado actual de las finanzas públicas, cuyo costo financiero se eleva más allá de lo aceptable, es síntoma de un mal mucho más profundo, que la necesidad de un mero cambio de rumbo.
