Crimen impone precios en Durango y otros estados
En al menos nueve estados del país el crimen organizado ha implementado una estrategia de extorsión y control de precios.
Pobladores, locatarios, transportistas y, en algunas regiones, autoridades de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco aseguran que existe control de precios de las células delincuenciales en alimentos de la canasta básica, materiales de construcción, agua embotellada, tortillas, refrescos, cervezas y hasta útiles escolares.
El modus operandi de las bandas delictivas es controlar los precios y elevarlos en cierta cantidad para obtener ganancias. También distribuyen a los establecimientos mercancía robada, que debe ser comprada de manera obligatoria para su venta al público. En algunas entidades, el crimen también desarrolla una red de comercios ilegales que son controlados para la distribución de sus productos, como ocurre también en el Estado de México.
Campesinos de Tierra Caliente en Michoacán -quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias- señalan que Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son quienes concentran todas las mercancías, por ejemplo, refresco, cerveza, abarrotes y carne.
"El crimen organizado acapara todo, entonces si una persona cuenta con una tienda debe comprar en las bodegas que ellos tienen, en caso contrario, firma su sentencia de muerte (...) Eso tiene mucho tiempo que ocurre. Por ejemplo, si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25 pesos; la carne vale entre 200 pesos el kilo y la dan entre 230 y 240 pesos (…) Todo es más caro como en Apatzingán y Aguililla, porque los cárteles tienen presencia", detallan.
Precisan que en Apatzingán no puede pasar mercancía para Tepalcatepec, "tienen que bajarla por la zona de Los Reyes", además de que el gobierno federal mantiene conocimiento de esta situación.
Los productores recuerdan que en algún momento los grupos delictivos dejaron pasar camiones con arroz, frijol, harina y artículos de limpieza en la zona del Aguaje y Aguililla.
"Las personas que quieren comprar deben dirigirse a Pinzándaro, municipio de Huetamo, donde están las bodegas, o acudir a Apatzingán, en el que tienen hegemonía y les pagan cuotas altas (…) Por ejemplo, el dueño de una tienda debe pagar el cobro de piso y comprar los productos en lugares autorizados por ellos", refieren los campesinos.
Destacan que también los delincuentes van al negocio dejando mercancía, por ejemplo, cigarros e incluso botes de pintura que roban a tráileres, y el dueño tiene que pagarla y venderla porque es una orden.
En regiones de Guerrero como Costa Grande, Taxco, Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Chilapa y Quechultenango los empresarios, comerciantes y artesanos intentan pasar inadvertidos; sin embargo, deben lidiar con la extorsión.
En la región Costa Grande, la organización criminal Los Granados controla la distribución y el precio de productos de la canasta básica, así como de la cerveza.
En tanto, el grupo delincuencial Los Ardillos hace lo mismo en la zona centro, donde no sólo controla el precio de los productos, también creó una red de comercios.
Pobladores coinciden en que tanto Los Ardillos como Los Tlacos esparcieron por Chilpancingo negocios ilícitos, que van desde la distribución de carne de res, puerco, pollo, refresco y cerveza hasta bares, centros nocturnos y transporte público.
En el caso de Tamaulipas, los lugareños que solicitaron anonimato y no mencionar las localidades, dicen que sólo se puede comprar a ciertos proveedores de carne, huevo y otros productos, porque así lo ordena el crimen organizado. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, cuando se realizan conciertos se debe hacer con un proveedor en específico.
La intromisión de los grupos delictivos en la entidad está relacionada con el control de la venta de alcohol, extorsión a sectores vulnerables y control de mercados con cobro de piso.
En Veracruz, los dueños tienen que pagar a varias células criminales el cobro de piso, y sube el precio de la canasta básica y del transporte; por ejemplo, las líneas de autobuses antes cobraban 10 pesos y ahora 12 pesos.
Luis -nombre ficticio-, quien ha padecido la extorsión y por eso abandonó su hogar, dice que hay cobro de piso y "las víctimas tienen que depositar, y por ello los productos se venden más caros para poder subsistir o muchos deciden cerrar sus negocios".
Dice que están quebrando los productores de caña porque las ganancias se quedan con los líderes cañeros, "es decir, al consumidor le venden el azúcar a un precio elevado, pero a los que siembran la caña les pagan muy poco (…) Hay líderes cañeros que están con la delincuencia".
En tanto, los lugareños aseguran que Tuxpan tampoco es la excepción del cobro de piso. "Al dueño de una carnicería lo contactan vía telefónica y le dicen que debe depositar cierta cantidad por semana, quincena o mes (...) entonces el producto lo tienen que dar más caro" para compensar las pérdidas.
En la Comarca Lagunera, entre los límites de Durango y Coahuila, productores de varios sectores como ganaderos, agricultores, aparceros y transportistas coinciden en que hay una creciente ola de extorsiones por parte de "grupos" que están coludidos con autoridades estatales, municipales y judiciales.
Los representantes de distintas asociaciones de Gómez Palacio enfatizan que tienen una crisis de extorsiones y cobros de piso que está asfixiando sus negocios y afectando a miles de familias.
Exponen que viven en un ambiente de constante amenaza y miedo. No quisieron ser citados por temor, pero solicitaron la intervención del gobierno federal y afirman que las autoridades locales no actúan o están coludidas.
En Oaxaca, las extorsiones más comunes son en contra de empresarios, productores y comerciantes, esta última relacionada con el llamado cobro de piso; otros son los préstamos gota a gota, que son operados por personas originarias de Colombia, quienes incluso han abierto negocios identificados como cajas de ahorro en los que ofrecen estos servicios.
En la región del Istmo de Tehuantepec, que comprende Oaxaca y Veracruz, algunos productores de mango han denunciado que integrantes de la delincuencia organizada los han amenazado para que vendan a un precio menor al del mercado.
En Guanajuato no se denuncia el control de precios de alimentos o bebidas, sólo la extorsión de cobro de piso a negocios y prestadores de servicios, como es el caso de los establecimientos de venta de tortillas denunciado por el gremio en 2019, que provocó el cierre de negocios en Celaya, y persiste de acuerdo a industriales de la masa y la tortilla, quienes mantienen un bajo perfil por temor.
En Morelos, los comerciantes afirman que más de la mitad paga el derecho de piso, y esta forma de extorsión afecta establecimientos y vendedores ambulantes.
En Cuernavaca, concesionarios de la Ruta 11 analizan suspender el servicio de transporte, luego de recibir llamadas de extorsión con las que los delincuentes solicitan fuertes cantidades de dinero. El presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera, refiere que los criminales amenazan con quemar las unidades y agredir a los operadores, en caso de que la directiva de esta central no cumpla con los pagos exigidos.
En Tabasco, dueños de establecimientos dicen que viven asediados por los delitos de robo, extorsión y cobro de derecho de piso, y para transitar en las carreteras también sufren este delito. Algunos llegan a sufrir las máximas consecuencias por no ceder ante las presiones de los grupos criminales.
