Se nos invita a convalidar, en dos semanas, una farsa catastrófica. Se pide nuestro voto para aniquilar al poder judicial como poder profesional e independiente y destruir, al mismo tiempo, las bases de confiabilidad de nuestro régimen electoral. Se nos llama a votar a ciegas por candidatos que provienen de la misma coalición política. En una elección normal, los votantes tienen pistas para orientar su voto. Cuentan con atajos para entender las alternativas que aparecen en la boleta. Pueden ubicar las opciones de continuidad y de cambio; el elector identifica con facilidad las opciones ideológicas; tiene en la memoria lo que las ofertas partidistas han significado en la historia reciente. Nada de eso habrá en la elección judicial. Más allá de las caras de las ministras que adelantan pleitesía a la nueva mayoría, es imposible identificar a quienes buscan nuestro voto.
El voto tiene sentido si es un acto de responsabilidad ciudadana. Cada uno podrá votar por razones estratégicas (quiero fortalecer a la oposición en el congreso), por alguna persuasión ideológica (quiero apoyar a la izquierda), por hábito (siempre he votado por los nacionalistas) o por enviar un mensaje (necesitamos nuevos partidos). El vínculo democrático se establece cuando el votante se somete a las consecuencias de su voto. Disfruto o padezco lo votado. El votante que apuesta por una opción está ligado a ella porque habrá de asumir las consecuencias de su decisión. Sentirá el orgullo de una decisión acertada y podrá aprender si concluye que se equivocó al votar. Nada de ello ofrece la elección de jueces porque no deben traducir la voluntad de sus votantes en decisión. Querer que un juez se someta a mi voluntad o a la de la mayoría es querer comprarlo. Un legislador o un alcalde, por supuesto, ha de seguir nuestras instrucciones. Un árbitro no. El legislador que traiciona sus promesas, el partido que incumple su programa, el político que le da la espalda a sus electores puede y debe ser castigado a través del voto. Participar en la elección de los árbitros es aceptar que un ministro de la Suprema Corte de Justicia sea un diputado judicial.
Por eso el voto de junio es un acto de irresponsabilidad cívica. Habrá quien piense que el voto puede ahuyentar el mal mayor, que votar puede evitar la captura total de un poder y que podría ayudar a que lleguen a los tribunales o permanezcan en ellos abogados experimentados y honorables. No veo que en esta elección haya espacio para cuidar el mal menor. Creo que la invitación del régimen debe ser desatendida. Debemos reconocer que hay ocasiones en que el voto es instrumento antidemocrático. Aunque los ignore la presidenta Sheinbaum, la historia está llena de procesos electorales que han servido para darle barniz de respaldo a una dictadura. No encuentro razones atendibles para votar en junio porque votar a ciegas no es votar. Quien vota a ciegas no puede hacerse cargo de su voto. Se nos invita a convalidar la captura política del poder judicial, se nos convoca a colaborar en la destrucción del régimen constitucional, a prestarle la legitimidad de nuestro sufragio al autoritarismo. Gracias por la invitación, pero a esa fiesta no tengo la menor intención de ir.
De paso, se nos llama a participar como testigos, si no es que como cómplices de la desintegración de la cadena de confianza electoral que tanto nos costó construir. El árbitro electoral conserva las siglas del INE pero ha dejado de ser garante de una competencia equilibrada regida por leyes. Violar las leyes electorales no tiene consecuencia alguna. Las ministras del régimen lo demuestran todos los días. El primer domingo de junio se estrena un sistema electoral sin garantías. Al sufragio lo han despojado de todas sus viejas seguridades, empezando por la esencial: en la elección judicial no serán mis vecinos quienes contarán mi voto. No conoceré de inmediato el resultado de mi casilla. Votar el primer domingo de junio es un acto de fe. Ni siquiera se cancelarán en la casilla aquellas boletas que no se usen. Creer que mi decisión será contabilizada es una apuesta sin fundamento en la mecánica institucional.
