Congreso da seguimiento puntual a recomendaciones de DD. HH. contra el Ayuntamiento de Torreón
El diputado Antonio Attolini Murra, dio a conocer que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso se ha instalado en sesión permanente para dar puntual seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 07/2025 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), en contra del Ayuntamiento de Torreón por violaciones graves a los derechos humanos en el Ejido Nuevo Mieleras.
Por lo anterior el legislador morenista, señaló que la recomendación emitida el pasado 28 de abril, documenta el uso letal de la fuerza por parte de elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) durante un desalojo civil el 7 de abril de este año, que resultó en la privación arbitraria de la vida de un civil, además de la omisión en la atención médica oportuna y el encubrimiento institucional posterior.
Tras los hechos, mencionó que la CDHEC acreditó la violación al derecho a la vida, así como al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, misma que el Ayuntamiento de Torreón aceptó formalmente, cumpliendo con el primer plazo establecido.
Añadió que ahora corresponde al Congreso velar porque se cumplan los compromisos establecidos en los tiempos señalados por la propia Comisión, entre los más importantes está la reparación del daño a las víctimas y sus familias, incluyendo atención médica, psicológica y tanatológica, así como compensación económica.
También, disculpa pública institucional, que deberá ser emitida por el presidente municipal Román Alberto Cepeda y el director de Seguridad Pública, a más tardar el 26 de agosto.
Asimismo, sanciones administrativas y penales contra los responsables; reestructuración operativa y capacitación obligatoria al GRT; así como la garantía de atención médica inmediata en operativos futuros.
“La instalación en sesión permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso es un acto de responsabilidad institucional. No permitiremos que esta recomendación quede en el olvido ni que el Ayuntamiento simule su cumplimiento. Habrá seguimiento puntual, plazos claros y exigencia firme desde el Poder Legislativo”, puntualizó.
Recalcó que el Congreso, a través de su comisión, requerirá documentación oficial, cronogramas, evidencias y constancias de cumplimiento por parte de las autoridades municipales involucradas.
“Este caso no es menor: se trata de una vida arrebatada por el uso ilegítimo de la fuerza del Estado. El gobierno municipal debe asumir su responsabilidad pública y moral, y nosotros, como Congreso, tenemos la obligación ética y constitucional de asegurarnos de que así sea”, concluyó.
